Dayán: presión de Washington amenaza con erosionar a la Corte Penal Internacional
El especialista advirtió que la ofensiva diplomática y política podría dejar al tribunal sin el respaldo necesario para investigar crímenes graves y ofrecer justicia a las víctimas.
La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta más que debates jurídicos: según Dayán, experto en derecho internacional, una campaña de presión desde Washington hacia sus aliados corre el riesgo de dejar al tribunal sin la base política que necesita para funcionar. «Si los países que sostienen la diplomacia global empiezan a dar la espalda, la CPI se vuelve una institución con buenas intenciones pero sin poder real», dijo Dayán.
Hay antecedentes concretos que respaldan la preocupación. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó la CPI y, en 2020, la administración de entonces impuso sanciones contra la fiscal de la Corte, una acción que generó alarma entre organizaciones de derechos humanos. Aunque esas sanciones fueron levantadas posteriormente, Dayán advierte que el precedente demuestra que la presión política puede traducirse en medidas concretas contra la independencia del tribunal.
La relevancia práctica de la CPI no es abstracta. En los últimos años el tribunal ha avanzado en investigaciones vinculadas a Afganistán, Palestina y Ucrania, entre otros escenarios. Para millones de víctimas estas pesquisas representan la posibilidad de verdad y reparación. Si los países aliados se niegan a cooperar —por diplomacia, sanciones o retórica—, las órdenes de detención y las investigaciones pierden músculo.
¿Qué significa esto para la ciudadanía? Primero, que la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad puede quedar relegada a acuerdos políticos y tribunales locales, donde no siempre hay garantías. Segundo, que la impunidad puede convertirse en incentivo para nuevos abusos: sin tribunal fuerte, la fuerza queda a merced de la geopolítica.
Dayán no se queda en el diagnóstico. Propone medidas prácticas: reforzar alianzas regionales que respalden la independencia judicial internacional; exigir transparencia y controles democráticos en la política exterior de los Estados que influyen en la CPI; y apoyar desde la sociedad civil campañas que expliquen por qué la justicia internacional importa para la paz y la memoria.
El llamado es claro y cotidiano: la protección de derechos y la búsqueda de justicia no son debates lejanos. Afectan a familias que buscan verdad, a comunidades desplazadas y a cualquiera que quiera vivir en sociedades donde el poder no esté por encima de la ley. Como remata Dayán, «una Corte sin respaldo no protege a nadie; una ciudadanía informada puede ser su mejor defensa».
Fuente: declaración de Dayán, especialista en derecho internacional.
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