Cárteles y ventas irregulares transforman la costa de Oaxaca en mercado del despojo
Denuncian que funcionarios y redes privadas están detrás de la compra y fraccionamiento de playas en Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo
En las localidades costeras de San Pedro Pochutla la tierra ya no solo se valora por su arena y mar, sino por la posibilidad de convertirla en negocio rápido. Una revisión de notas recientes, entre ellas la publicada por El Imparcial de Oaxaca, y testimonios recabados entre vecinos y activistas, apuntan a un patrón: ventas irregulares, presión sobre comuneros y la intervención presumible de servidores públicos que facilitan el acceso a predios hoy disputados.
Habitantes de Tahueca y Zipolite narran cómo parcelas y accesos a playa aparecieron en “ofertas” que prometían urbanización y servicios. Según denuncias, el titular de Ordenamiento Territorial de San Pedro Pochutla es señalado por intervenir en terrenos de Tahueca, Zipolite, Salchi, Zapotengo, entre otros, favoreciendo gestiones que, denuncian vecinos, carecen de la transparencia y los procedimientos para proteger derechos agrarios y de uso público.
Las señas del problema son conocidas: títulos presuntamente apócrifos, empresas fachadas que compran fracciones de playa y el uso de mecanismos administrativos para acelerar permisos. Vecinos consultados describen embates sutiles y también violentos; desde ofertas de compra individual hasta la instalación de cercos y maquinaria. Todo ocurre en un contexto en el que el atractivo turístico multiplica el valor de la franja costera.
No puede minimizarse la gravedad de las acusaciones. Por un lado están las familias y comunidades que viven del turismo modesto y la pesca; por otro, intereses que buscan transformar ese litoral en desarrollos cerrados. Entre ambos, colocan su bandera grupos que, según fuentes locales, actúan con métodos de coacción y que se nutren de la impunidad y la complicidad administrativa.
Frente a esto, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Autoridades municipales y estatales han recibido quejas pero aún faltan acciones claras: verificación de títulos, investigación administrativa y penal contra quienes vulneren derechos colectivos, y protección efectiva de accesos públicos a la playa. La transparencia registral y la participación comunitaria en cualquier trámite son medidas urgentes.
Las soluciones pasan por fortalecer la fiscalización, garantizar la voz de pueblos y ejidos en los procesos de ordenamiento territorial y blindar los bienes comunales. También es urgente que el gobierno estatal y la Fiscalía investiguen las denuncias sobre intervenciones de funcionarios y redes de compraventa. Sin claridad y justicia, la costa seguirá perdiendo no solo territorio sino el sentido de comunidad.
Esta es una historia que afecta la vida cotidiana: menos playas públicas significa menos oportunidades para familias que dependen del turismo local, menos pesca, y un paisaje social que cambia de mano. Para que no se convierta en una venta definitiva hacen falta pruebas contundentes, voluntad política y la participación organizada de la ciudadanía.
Las voces de Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo piden investigación y transparencia. El reto es colocar la protección del bien común por encima del lucro privado. Como apuntó El Imparcial de Oaxaca, la costa se está transformando en un mercado del despojo; corresponde a autoridades y sociedad frenarlo antes de que sea irreversible.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
