Crecen despojos en la costa oaxaqueña; familias acorraladas por intereses criminales
Denuncian que el control de territorios en Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo dejó a comunidades sin tierra y sin respuesta institucional.
En las últimas semanas vecinos y organizaciones sociales han denunciado un aumento de despojos en tramos de la costa de Oaxaca, donde, según reportes locales y la investigación de El Imparcial de Oaxaca, grupos vinculados al crimen organizado han impuesto nuevas dinámicas de apropiación de terrenos y expulsión de pobladores.
Habitantes de comunidades como Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo señalan al titular de Ordenamiento Territorial de San Pedro Pochutla por intervenir en trámites y procesos de delimitación de predios que, afirman, terminaron favoreciendo a actores ajenos a las formas tradicionales de tenencia. Las consecuencias, dicen, han sido familias forzadas a vender o dejar sus casas, pérdida de acceso a playas tradicionales y amenazas que inhiben la vida comunitaria.
Detrás de estas historias hay patrones repetidos: presión para vender, compras realizadas bajo condiciones de violencia simbólica o física, y trámites administrativos opacos que dejan en incertidumbre los derechos de uso común y de ejidos. Para muchas comunidades la tierra es la principal fuente de sustento y cultura; perderla equivale a perder la posibilidad de permanecer en su territorio.
Las fuentes consultadas por este diario indican que las denuncias ya se han presentado ante instancias municipales y estatales, y que se espera la intervención de la Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad y la Secretaría de Gobierno para garantizar la seguridad y la legalidad en los procesos de regularización de la tierra.
Expertos en derecho agrario y defensores de la tierra consultados señalan medidas concretas que podrían mitigar el problema: audiencias públicas con presencia de la fiscalía, revisión transparente de expedientes de propiedad, acompañamiento jurídico a las comunidades afectadas, y mecanismos de protección para líderes locales que sufren amenazas.
Desde una mirada práctica, la respuesta tiene que combinar justicia inmediata —investigaciones y garantías de seguridad— con políticas de largo plazo: titularización clara de tierras comunales, fortalecimiento de las asambleas locales y transparencia en los trámites de Ordenamiento Territorial. Sin esas acciones, el riesgo es que la costa deje de ser un bien colectivo para convertirse en un botín que fragmenta comunidades.
El Imparcial de Oaxaca registró testimonios y documentos que apuntan a irregularidades en la intervención de terrenos; es indispensable que las autoridades locales y estatales den respuestas claras y que la sociedad civil mantenga la vigilancia para que la justicia y la reparación acompañen a las familias afectadas.
Qué sigue
Las comunidades esperan que la fiscalía avance en investigaciones, que el municipio de San Pedro Pochutla explique públicamente las actuaciones del área de Ordenamiento Territorial y que organizaciones de derechos agrarios ofrezcan apoyo legal y de seguridad. La defensa del territorio, más que un discurso, exige instrumentos jurídicos y acompañamiento real para que nadie pierda su hogar por la violencia del despojo.
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