Diputados urgen sanciones por actos anticipados y medidas contra secuestro virtual
Exhortan a impulsar campañas de prevención y a crear un registro de deudores alimentarios
En el Congreso local, legisladores advirtieron sobre la necesidad de aplicar sanciones más claras a quienes realicen actos anticipados de campaña y propusieron una estrategia para frenar el secuestro virtual, informó El Imparcial de Oaxaca. La iniciativa busca poner freno a prácticas que, dicen, deterioran la contienda democrática y aumentan la vulnerabilidad de las familias ante nuevas modalidades de extorsión.
La propuesta plantea facultar a las autoridades electorales para imponer multas, retirar propaganda y, en casos graves, inhabilitar candidaturas cuando se detecten promociones prematuras que desvirtúen la competencia. Los diputados señalaron que la anticipación de campañas no es solo una falta administrativa: cuesta equidad y confunde a la ciudadanía, que termina recibiendo mensajes electorales fuera de tiempo y con recursos públicos.
En paralelo, la bancada impulsora pidió campañas informativas contra el secuestro virtual, una modalidad que opera por teléfono y redes sociales y que explota el miedo de las familias. Los legisladores demandaron coordinación con las fiscalías, cuerpos de seguridad y organizaciones civiles para educar sobre señales de alerta, canales de denuncia y protocolos de actuación. También propusieron que se evalúe la creación de un registro público de deudores alimentarios como mecanismo para garantizar el cumplimiento de obligaciones familiares y proteger a las niñas, niños y adolescentes.
¿Qué cambia para la gente? Si se concretan las medidas, las campañas contra el secuestro virtual ofrecerían información práctica para evitar fraudes y reducir el impacto emocional y económico de estas extorsiones. El registro de deudores podría actuar como presión legal para que quienes deben pensión cumplan, lo que repercute directamente en el bienestar de las familias afectadas. Y las sanciones por actos anticipados buscarían condiciones más parejas para aspirantes y partidos, evitando que el dinero o la exposición prematura inclinen la balanza.
Los impulsores reconocen retos: coordinar instancias, respetar derechos y evitar usos políticos de los registros. Por eso plantean discutir las iniciativas en comisiones con organizaciones civiles y expertos en seguridad y género. En los próximos días, las propuestas serán turnadas para su análisis y, según dijeron a El Imparcial de Oaxaca, el objetivo es que las medidas no se queden en exhortos sino que se traduzcan en reglas claras y en campañas educativas que lleguen a barrios, escuelas y mercados.
La invitación final de los legisladores fue clara: la prevención y la justicia requieren participación ciudadana. Denunciar, informarse y exigir transparencia son pasos que, aseguran, pueden hacer la diferencia entre que una amenaza quede en una llamada de advertencia y que se convierta en un daño real para una familia.
