Cártel 22, bloqueos y la fatiga social: la educación en medio del chantaje
Por Raúl Nathán Pérez
En Oaxaca la protesta docente dejó de ser sólo una demanda laboral para convertirse, dicen vecinos y autoridades, en un instrumento de presión económica y política que afecta la vida cotidiana. Lo ocurrido en las últimas semanas —bloqueos, choques en Mitla y la muerte del maestro Ismael Arriaga Villar en el plantón de la CDMX— ha reavivado preguntas sobre los límites entre el derecho a la manifestación y el respeto al libre tránsito y la convivencia ciudadana. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, la crispación no es nueva, pero sí parece haberse profundizado.
En 2006 la llamada S-22 y la APPO marcaron a la sociedad oaxaqueña: capacidad de movilización y también prácticas de cierre de calles que terminaron por erosionar apoyo social. Hoy la dinámica se repite, con dirigentes que, acusan críticos, mantienen la movilización como estrategia permanente y utilizan los bloqueos como mecanismo de presión y extorsión. Nombres como Enrique Rueda Pacheco, Eloy López Hernández y la más reciente dirigencia de Yenny Aracely Pérez aparecen en el relato público; también surgen apodos y señalamientos, como el del llamado “Carnicero de Chalcatongo”.
El episodio de Mitla, el 27 de mayo, y la decisión de adelantar paros al 25 de mayo en contraste con la CNTE que proponía el 1 de junio, encendieron ánimos. Muchas comunidades ya dijeron basta, según vecinos consultados por El Imparcial de Oaxaca, y la reacción ciudadana se percibe como el corolario de años de molestias acumuladas: cierres prolongados, afectaciones económicas y riesgos en la atención de servicios esenciales.
La muerte del maestro Ismael Arriaga Villar el 26 de mayo en la capital del país, presuntamente por un paro cardiaco tras enfrentamientos con la policía, pone el foco en la responsabilidad compartida. ¿Corresponde al Estado garantizar seguridad y diálogo, o a los líderes sindicales cuidar a quienes siguen las movilizaciones, incluidos mayores y embarazadas? La respuesta no es simple, pero la realidad obliga a priorizar la vida y la educación por encima de la teatralización de la protesta.
La libre manifestación es un derecho; su ejercicio legítimo fortalece la democracia. Sin embargo, cuando se institucionaliza como bloqueo sistemático y produce extorsión económica, erosiona la legitimidad del movimiento y provoca el hastío ciudadano. La comunidad exige respeto por el tránsito, la economía local y el acceso a servicios. Al mismo tiempo, maestros honestos y demandas legítimas no deben ser invalidadas por prácticas que dañan al conjunto.
La salida requiere voluntad de diálogo, transparencia en el manejo de recursos y compromiso con la educación pública. Autoridades estatales y federales, así como dirigencias magisteriales, deben sentarse a negociar con garantías y acompañamiento de instancias civiles independientes para evitar la cooptación de la protesta por intereses ajenos a la enseñanza.
Como periodista joven y comprometido con la comunidad, llamo a la sociedad oaxaqueña a no normalizar el bloqueo como herramienta permanente ni a criminalizar a todo un gremio. Hay que distinguir entre la protesta legítima y la práctica del chantaje. Mientras tanto, Urge que El Imparcial de Oaxaca, las autoridades y los propios docentes impulsen mecanismos de rendición de cuentas y rutas de diálogo que pongan por delante la educación de niñas y niños y la tranquilidad de las familias.
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