Tribunal ordena demoler torres en Punta Paraíso y devolver 1,466 metros a la costa
Por Mariana López, periodista
Un fallo reciente del Poder Judicial de la Federación cambió el curso de un desarrollo inmobiliario en Punta Paraíso: la empresa Pacific Lifestyle Properties perdió un amparo y ahora deberá demoler dos torres, restituir mil 466 metros cuadrados de terreno y pagar una multa, según la resolución judicial consultada por este medio.
La decisión expone lo que vecinos y especialistas vienen señalando desde hace años: construcciones que avanzaron sin garantizar condiciones de legalidad, seguridad y cuidado ambiental pueden terminar poniendo en riesgo tanto a personas como a la frágil línea costera.
“Sentimos que la playa se está perdiendo poco a poco, y cuando pasa algo like esto, no es solo concreto que cae, es la confianza de toda la comunidad”, dice Rosa Méndez, vecina de la zona, en entrevista con este periódico. Su testimonio refleja la inquietud cotidiana: ¿quién responde cuando lo construido no respeta normas ni el entorno?
La orden de demoler y restituir área tiene efectos concretos: implica desmontar estructuras ya erigidas, recuperar espacio público o ambiental —los mil 466 metros cuadrados mencionados— y cubrir sanciones económicas. Para autoridades locales supone también la tarea de supervisar que la ejecución sea efectiva y no se convierta en un trámite más sin cumplimiento real.
Expertos en ordenamiento urbano consultados por este diario señalan que el caso de Punta Paraíso es ejemplar de fallas en varios niveles: permisos que se otorgaron sin suficiente evaluación técnica, falta de seguimiento de autoridades municipales y estatales, y procesos judiciales que ahora buscan corregir esas irregularidades. El Poder Judicial de la Federación actúa como validador final cuando los recursos legales llegan a ese grado, pero la prevención exige coordinación y transparencia desde antes.
Desde Pacific Lifestyle Properties no hubo una respuesta pública inmediata a la resolución. Autoridades del Gobierno del Estado de Nayarit indicaron que revisarán el cumplimiento de la sentencia y que coordinarán las acciones necesarias para proteger la integridad del litoral y de los habitantes. Fuentes gubernamentales consultadas pidieron tiempo para precisar calendarios y responsabilidades.
Más allá del caso puntual, el derrumbe y la sentencia abren preguntas sobre el modelo de desarrollo costero en Nayarit: ¿cómo garantizar que proyectos privados respeten áreas públicas y preserven ecosistemas? ¿Qué mecanismos de participación ciudadana y supervisión pueden evitar que la respuesta sea solo punitiva y no preventiva?
Las lecciones son claras: hacer cumplir la ley es indispensable, pero también lo es fortalecer la planeación urbana, la evaluación ambiental y la participación de la comunidad desde los permisos iniciales. Si la restitución se realiza correctamente, la sentencia puede ser el comienzo de una reparación real; si no, volveremos a ver los mismos riesgos disfrazados de nuevos proyectos.
Seguiremos dando seguimiento a la ejecución de la sentencia y a las medidas que adopten autoridades y la empresa implicada. Para que el litoral no sea solo un negocio sino un bien común, la vigilancia ciudadana y la acción institucional deben ir de la mano.
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