Plazo de 30 días para desalojar Chimalapas; comunidades exigen a chiapanecos reconocer límites
Las autoridades comunales y agrarias de los Chimalapas lanzaron un ultimátum: las personas que han ocupado tierras en la zona cuentan con 30 días para retirarse, y la cuenta regresiva ya comenzó. Según El Imparcial de Oaxaca, el emplazamiento busca obligar a colonos de Chiapas a reconocer que asentamientos como Díaz Ordaz están del lado oaxaqueño del límite territorial.
El anuncio llega en un contexto de décadas de conflicto por la tenencia de la tierra entre comunidades indígenas, campesinos y colonos. Los Chimalapas son un territorio clave por su alta biodiversidad y por el uso tradicional que le dan pueblos zoques y mixes. Para las autoridades comunitarias, la presencia de nuevos asentamientos no solo representa una invasión física, también pone en riesgo bosques, ríos y formas de vida.
Fuentes locales dijeron a El Imparcial de Oaxaca que el plazo de 30 días comenzó a partir de la notificación pública emitida por los cargos comunitarios. La medida contempla procesos de diálogo con los ocupantes, actas de deslinde y, de no haber acuerdo, la coordinación con instancias estatales y federales para el desalojo. Las comunidades insisten en que primero se agoten las vías pacíficas y agrarias, pero advierten que no tolerarán una expansión que desconozca sus derechos.
Para entender el impacto cotidiano: cuando se despoja tierra en los Chimalapas se afecta el acceso a agua, a leña y a parcelas de cultivo. Familias enteras pueden perder su sustento, y al mismo tiempo se acelera la tala y el cambio de uso de suelo. Los representantes comunitarios piden que cualquier intervención respete los derechos colectivos consagrados en la ley agraria y en los instrumentos internacionales que protegen a pueblos indígenas.
Expertos consultados por este medio señalan que las soluciones requieren dos pasos: primero, confirmar técnicamente dónde están los límites a partir de catastro y documentación histórica; segundo, diseñar un plan de retorno o reubicación que no genere mayor vulnerabilidad. Mientras tanto, la tensión en el terreno es palpable y la posibilidad de enfrentamientos aumenta si no hay interlocución efectiva.
El llamado de las comunidades es claro y directo: reconocer la realidad cartográfica y negociar salidas que garanticen justicia y conservación. También demandan la intervención de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación cuando corresponda, para garantizar la seguridad y la legalidad del proceso.
La historia de los Chimalapas muestra que las soluciones a largo plazo pasan por planes de desarrollo comunitario que combinen protección ambiental, seguridad jurídica y oportunidades económicas para las poblaciones locales. En ese sentido, organizaciones civiles y académicas han planteado alternativas que incluyen la certificación de áreas comunales, proyectos sustentables de manejo forestal y mecanismos de mediación comunitaria.
Con el plazo de 30 días en marcha, el reloj político y social de los Chimalapas marca un punto crítico. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán no solo quién ocupa el territorio, sino si se prioriza el diálogo y la protección del entorno o se pisa el acelerador hacia una mayor confrontación. La voz inicial la pusieron las comunidades; ahora toca a autoridades y a los ocupantes responder con propuestas claras y viables.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca y testimonios de autoridades comunales de los Chimalapas.
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