Sin evidencia pública, la CEDHJ descarta tortura en protesta por el agua
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concluyó que no hubo tortura durante una protesta reciente por el agua, pero no aclaró qué pruebas sustentan esa determinación, según el propio comunicado de la Comisión. La falta de transparencia ha encendido alarmas entre activistas y familiares, que además recuerdan que hay 25 quejas abiertas por presunto abuso de autoridad contra policías estatales vinculadas a esos hechos.
La decisión de la CEDHJ llega en un contexto de desconfianza: cuando una institución encargada de proteger derechos dice que no hubo violaciones graves pero no muestra los fundamentos, la versión oficial suena a una puerta entreabierta sin llave. Para quienes protestan por el acceso y la gestión del agua, la respuesta queda corta y no responde a la demanda básica de saber qué ocurrió realmente y por qué.
Según el comunicado de la CEDHJ, la investigación interna determinó que no se cumplían los criterios jurídicos para calificar actos como tortura. Sin embargo, la Comisión no hizo públicos los dictámenes periciales, las entrevistas completas con testigos ni el inventario de evidencias revisadas. Esa ausencia de detalle impide a las partes afectadas verificar el proceso y a la sociedad evaluar la actuación institucional.
La existencia de 25 quejas por posible abuso de autoridad contra elementos de la policía estatal, consignadas también en documentos de la propia Comisión, plantea una contradicción que merece explicación: si hay reclamos por uso excesivo de la fuerza, ¿cómo se descartó categóricamente la tortura sin transparentar el expediente?
Organizaciones civiles consultadas piden que la CEDHJ publique al menos el sustento técnico de su resolución o permita el acceso a las carpetas a las víctimas y sus representantes. Desde una perspectiva práctica, la claridad no sólo sirve para rendición de cuentas; es la base para mejorar prácticas policiales, reparar daños y restablecer la confianza entre autoridades y ciudadanía.
La reacción institucional que proponemos es concreta y alcanzable: que la CEDHJ haga públicos los criterios y pruebas que avalaron su fallo, que los quejosos puedan revisar las pruebas y que, de ser necesario, la Fiscalía Estatal revise hechos que pudieran constituir delitos. Transparencia y colaboración entre instancias fortalecerían la protección de derechos y darían sentido a la palabra “rendición de cuentas”.
En este caso no se trata sólo de procedimientos: se trata del impacto cotidiano. Para miles de personas, las protestas por el agua son el síntoma de un problema mayor —servicio irregular, tarifas, decisiones sobre uso del recurso— y la respuesta de la Comisión es una pieza clave para que ese malestar encuentre soluciones justas y claras. Mientras tanto, la CEDHJ enfrenta críticas por opacidad en un asunto donde la palabra “prueba” pesa tanto como el derecho a ser escuchado.
Fuentes: comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y archivos de quejas de la propia Comisión.
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