Comisión estatal declara no responsabilidad de autoridades tras protesta por el agua; persisten 25 quejas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concluyó que no hubo responsabilidad de las autoridades en la represión de una protesta por el agua, pero no detalló las pruebas que sostienen esa decisión, según el propio comunicado de la comisión y reportes de El Informador.
La resolución, difundida esta semana, exime a mandos y policías estatales mientras mantiene abiertas 25 quejas por presunto abuso de autoridad contra elementos de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, la CEDHJ no informó qué evidencias revisó ni por qué descartó la responsabilidad formal de los servidores públicos, un vacío que ha encendido la desconfianza entre vecinos y colectivos que participaron en la manifestación.
Para quienes estuvieron en la protesta, el agua no es solo un servicio: es la diferencia entre cocinar, sostener un pequeño negocio o mandar a los niños a la escuela con agua potable. Cuando una investigación parece cerrarse sin explicaciones, la sensación es la de un libro que se cierra sin permitir leer las páginas finales, dijo a El Informador una integrante de un colectivo vecinal que pidió mantener su nombre.
El caso plantea dos preguntas prácticas: ¿qué tan transparente fue la indagatoria de la CEDHJ y qué mecanismos quedan para quienes sienten que hubo violencia policial? Organizaciones sociales han pedido acceso al expediente y mayor claridad en los criterios empleados. La ausencia de información pública dificulta además que autoridades estatales o la Fiscalía actúen con la claridad que exige la ciudadanía.
Desde el ámbito institucional, la CEDHJ afirma haber seguido protocolos técnicos, pero no aclaró si contó con peritajes independientes, análisis de cadena de custodia o testimonios complementarios. Esa falta de detalle refuerza la demanda de que las quejas contra los 25 policías se investiguen con transparencia externa, por ejemplo mediante la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o auditores ciudadanos.
La resolución y la falta de explicaciones explican por qué el reclamo de la comunidad no se apaga: más que ganar o perder un expediente, se trata de recuperar la confianza en las instituciones que deben proteger los derechos básicos. Organizaciones y vecinos anuncian que seguirán pidiendo acceso a la información y explorarán recursos legales para que el proceso se haga público y verificable.
La historia está lejos de cerrarse. Si la CEDHJ quiere restituir confianza, tendrá que mostrar qué pruebas respaldan su conclusión y permitir que la sociedad evalúe si la justicia se aplicó con rigor. Mientras tanto, la pregunta para la gente de a pie sigue siendo sencilla: ¿quién responde cuando el agua se convierte en motivo de conflicto y la respuesta institucional no se explica?
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
