Pueblos al borde: vence plazo que reaviva disputa por tierras entre Chiapas y Oaxaca
Desde 1967 comunidades de la línea fronteriza entre Chiapas y Oaxaca mantienen una disputa por la posesión de tierras que este viernes volvió a encender la tensión, cuando venció un plazo que abrió un nuevo capítulo en el conflicto. El riesgo, advierten autoridades locales y organizaciones civiles, es que familias queden sin hogar y sin medios de subsistencia.
La disputa tiene raíces históricas y administrativas: límites municipales imprecisos, certificaciones de ejidos y la superposición de usos tradicionales con mapas oficiales han funcionado como una mecha que se enciende periódicamente. Datos consultados en la Secretaría de Gobernación y en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que la demarcación de límites en zonas rurales del sureste sigue siendo fuente de conflictos que afectan el acceso a servicios básicos y la tenencia de la tierra.
Habitantes de varias comunidades, consultados por este medio, dicen sentir el temor de que decisiones administrativas o acciones de grupos rivales los dejen sin su casa y sin tierras para cultivar. “Aquí la tierra es el sustento de la familia desde hace generaciones”, cuenta una vecina que prefirió omitir su nombre. Organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han señalado la necesidad de prevención y protección de la población civil en casos similares.
En semanas recientes los gobiernos estatales y autoridades municipales informaron, según versiones oficiales, la instalación de mesas de diálogo y la participación de instancias federales para evitar violencia y desplazamiento. Sin embargo, pobladores y colectivos comunitarios señalan que los acuerdos deben incluir cartografía participativa y mecanismos claros de restitución y protección, no solo protocolos de seguridad.
El impacto es concreto: pérdida de viviendas, interrupción de actividades agrícolas y riesgos para el acceso a educación y salud cuando las familias se ven obligadas a desplazarse. La ONG Centro de Derechos Humanos de la región, citada por La Jornada, ha pedido que cualquier solución respete los derechos territoriales de pueblos indígenas y campesinos y garantice procesos transparentes y con participación comunitaria.
Resolver una disputa que carga más de cinco décadas requiere algo más que plazos y comunicados. Requiere diálogo sostenido, peritajes imparciales, garantía de seguridad para las personas y programas de apoyo socioeconómico que eviten que la pérdida de tierras se convierta en pobreza heredada. Instituciones como la Secretaría de Gobernación, el INEGI y las defensorías locales tienen un papel crítico, pero sin la voz y el consentimiento de las comunidades cualquier solución será frágil.
Para las familias en riesgo, la cuenta regresiva no es abstracta: es la posibilidad de quedarse sin techo y sin el terreno que alimenta a varias generaciones. La invitación de activistas y autoridades civiles es a la participación ciudadana: documentar, exigir transparencia en los procesos y presionar para que el Estado garantice la seguridad y la restitución justa antes de que el conflicto deje a más personas sin hogar.
Reporte elaborado con información de la Secretaría de Gobernación, el INEGI y reportes de La Jornada. Corresponsales locales contribuyeron con testimonios de las comunidades afectadas.
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