Madre y hija de sonora se acreditan como primer equipo certificado en búsquedas en méxico
Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que ella y su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores —ambas buscadoras, madre y hermana— obtuvieron un certificado oficial que las acredita para participar en búsquedas de personas desaparecidas. La noticia la dio a conocer el propio colectivo, que desde hace años organiza rastreos comunitarios en el desierto y en fosas clandestinas.
El logro tiene un valor simbólico y práctico: no solo reconoce la preparación técnica de quienes llevaban años buscando por propia iniciativa, sino que puede facilitar la colaboración con autoridades en labores de búsqueda, preservación de evidencia y rastreo en campo. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay decenas de miles de personas desaparecidas, una crisis que ha impulsado la profesionalización de colectivos ciudadanos.
Desde Sonora, las Madres Buscadoras han mostrado que la experiencia comunitaria puede transformarse en capacidad técnica. El colectivo informó que la certificación incluyó capacitación en metodología de búsqueda y manejo de indicios, así como protocolos para documentar hallazgos y coordinarse con peritos. Para muchas familias, eso representa un paso hacia búsquedas más seguras y con mayor posibilidad de aportar pruebas útiles a las investigaciones.
No todo está resuelto. Persisten retos logísticos y legales: el rezago forense, la falta de todas las herramientas necesarias en terreno y la necesidad de mecanismos claros para que la actuación de colectivos se articule con las fiscalías sin poner en riesgo a las personas que buscan. Organizaciones civiles y especialistas han insistido en que la respuesta estatal debe combinar apoyo técnico, acceso a equipamiento y la garantía de protección para familiares que participan en búsquedas.
Para las Madres Buscadoras, la certificación es también un llamado a que más familias y colectivos reciban formación y respaldo institucional. Como dijo la fundadora del colectivo en su anuncio, este reconocimiento no sustituye la exigencia de justicia: es una herramienta para que las búsquedas sean más efectivas y para que las historias que persiguen no se pierdan en la impunidad.
El caso de Ceci y Milagros abre una ventana para repensar cómo el Estado y la sociedad civil pueden trabajar juntos: transformar el dolor y la experiencia en prácticas reconocidas y seguras, con rigor técnico y respeto a las víctimas. El camino exige más recursos, claridad institucional y voluntad política para que la certificación de equipos comunitarios deje de ser una excepción y pase a formar parte de una estrategia nacional de búsqueda y verdad.
Fuente: colectivo Madres Buscadoras de Sonora; datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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