Piden destituir al presidente municipal de Huatulco tras muerte de Dulce Enríquez

Vecinos y colectivos exigen que se separe del cargo al edil mientras avanza la investigación; “El poder no otorga privilegios ni impunidad”, dicen en San Raymundo Jalpan.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. — La exigencia de separar ya del cargo al presidente municipal de Santa María Huatulco crece entre familiares, activistas y vecinos tras la muerte de Dulce Enríquez. Según reporta El Imparcial de Oaxaca, organizaciones civiles y ciudadanos pidieron a las autoridades estatales y federales medidas inmediatas para garantizar una indagatoria imparcial.

Los reclamos se centraron en que la estabilidad de una investigación depende de que el funcionario señalado no mantenga control sobre recursos, personal o información que puedan influir en las diligencias. “El poder no otorga privilegios ni impunidad”, repitieron autoridades comunitarias de San Raymundo Jalpan en una declaración pública recogida por medios locales.

La exigencia combina dos demandas: que la Fiscalía General del Estado acelere las pesquisas y que el cabildo municipal o la autoridad superior aplique una separación temporal del edil mientras haya señales de posible conflicto de interés. Para los vecinos, la medida no es venganza sino una garantía mínima de transparencia, como quitar la mano del timón para dejar trabajar a quienes investigan.

Este caso vuelve a poner en evidencia la desconfianza ciudadana hacia procesos que pueden alargarse sin resultados. Quienes piden la remoción argumentan que permitir que el presidente municipal siga en funciones sería como dejar al sospechoso cuidar la escena del crimen: parece lógico, señalan, evitar que haya interferencias.

Desde el ángulo institucional, especialistas consultados por El Imparcial de Oaxaca destacan que la separación temporal es una figura administrativa que protege la investigación sin prejuzgar culpabilidades. Al mismo tiempo insisten en que las autoridades deben transparentar plazos y avances para recuperar la confianza comunitaria.

Las voces que exigen justicia también proponen medidas concretas: una investigación independiente, acceso público a peritajes clave y acompañamiento de organismos de derechos humanos para asegurar la protección de la familia y testigos. El llamado final es a la participación ciudadana: vigilar, preguntar y exigir que el proceso sea claro y rápido.

Mientras tanto, la comunidad espera respuestas que no se queden en palabras. La remoción temporal del edil sería un paso simbólico y práctico para garantizar que la búsqueda de la verdad no tropiece con conflictos de interés. La justicia, dicen habitantes y activistas, será la única forma de devolver algo de paz a quienes perdieron a Dulce Enríquez.

Por: Ana García, desde San Raymundo Jalpan, Oaxaca

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