Comunidades mixes exigen cuentas por carreteras destrozadas tras obras de cabien
En varias comunidades mixes de la región, las carreteras que debían mejorar la vida diaria quedaron hechas polvo y ahora son sinónimo de riesgo y atraso. Vecinos, autoridades municipales y familias afectadas señalan que la obra realizada por la empresa cabien no cumplió con lo prometido, y que la falta de acceso ha impedido sacar a tiempo a personas enfermas, lo que —dicen— ha costado vidas.
Los testimonios recabados en la zona coinciden con reportes publicados por El Imparcial de Oaxaca: pacientes que no llegaron al hospital, ambulancias que quedaron varadas y mercados que perdieron compradores porque las rutas son intransitables. “Antes tardábamos media hora; ahora no podemos ni sacar a mi mamá cuando se pone mal”, relata una vecina mixe. Es una imagen simple para entender el impacto: una carretera en mal estado es como un pulmón tapado para una comunidad que necesita respirar.
¿Quién debe pagar los daños? La pregunta recorre los pueblos. Las demandas apuntan a varias responsabilidades: la empresa contratada por el proyecto, la autoridad que aprobó y supervisó la obra y las instancias que entregaron recursos. Organizaciones comunitarias piden revisión del contrato, sanciones si hubo negligencia y que se ejecute la garantía de obra, si existe.
Las autoridades estatales y municipales, consultadas por habitantes, han ofrecido promesas de arreglo parcial y bacheo temporal. Para las comunidades esto no basta: piden una reparación integral y transparente, con auditoría técnica independiente que explique por qué falló la obra y cuánto costará devolver la ruta a condiciones seguras.
Desde el periodismo, y con la información de El Imparcial de Oaxaca y voces locales, resulta claro que aquí hay dos urgencias: atención inmediata para garantizar el acceso a servicios de salud y un proceso para determinar responsabilidades. Propuestas concretas que circulan en las asambleas mixes incluyen la creación de comités de vigilancia comunitaria, la intervención de peritos independientes y la gestión conjunta de recursos para mantenimiento preventivo.
El caso también exige preguntas al sistema de contratación pública: ¿se supervisaron los trabajos? ¿se liberaron pagos sin verificaciones? ¿hay pólizas o garantías que protejan a las comunidades? Responder a estas preguntas no es trámite burocrático: es volver a poner en funcionamiento las vidas y economías que dependen de una carretera en buen estado.
Las comunidades mixes no piden sólo reparaciones; piden justicia y transparencia. Exigen que se diga quién pagará por el daño y que, mientras se resuelve, nadie más pierda su vida por no poder llegar a tiempo a una clínica. Para avanzar hacen falta voluntad política, auditorías claras y la participación activa de la ciudadanía para vigilar que los recursos se apliquen donde deben.
Reporta: corresponsal en la región. Fuentes: testimonios locales y El Imparcial de Oaxaca.
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