Feminicidios reportan baja del 36%: avance tangible o señales mixtas
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la nueva línea permite canalizar casos con abogadas y equipos estatales, dar seguimiento y activar medidas para evitar nuevas agresiones.
Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan una caída del 36% en los feminicidios en el periodo reportado. Es un número que, a primera vista, invita al alivio: menos muertes por razón de género significan vidas salvadas. Pero antes de celebrar, hay que mirar con lupa qué hay detrás de esa reducción.
Según el informe del SESNSP, la baja coincide con la implementación de medidas federales como la línea de atención que destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha defendido que esa herramienta permite canalizar casos con abogadas, articular equipos estatales y activar medidas de protección. En la práctica, eso puede traducirse en respuestas más rápidas para mujeres en riesgo y en seguimiento de agresores.
Sin embargo, organizaciones civiles y académicos consultados sobre datos de violencia de género, entre ellos expertos que trabajan con cifras del INEGI, advierten dos riesgos: primero, que haya variaciones en la clasificación de homicidios que reduzcan el conteo de feminicidios sin que realmente disminuyan las muertes violentas de mujeres; segundo, que persista el subregistro cuando denuncias no llegan a judicializarse o se archivan sin investigar la perspectiva de género.
Para entender si la caída es un verdadero avance se requieren tres pasos claros. El primero, transparencia en los criterios y metodología del SESNSP, con comparativos año contra año y desglose por entidad. El segundo, auditorías independientes y seguimiento por parte del INEGI y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para validar la clasificación de los casos. El tercero, fortalecer la atención a víctimas: más abogadas, refugios, programas de prevención en comunidades y capacitación a procuradurías locales.
Si la línea y las acciones anunciadas están funcionando, deberíamos ver también una reducción en la impunidad y un aumento en la protección efectiva, no solo una cifra menor. Las familias que han perdido a una mujer no se reconfortan con porcentajes; necesitan justicia y prevención para que no haya un próximo caso.
En conclusión, la caída del 36% es una noticia que merece atención y esperanza prudente, pero no puede ser un punto final. Es una señal que obliga a pedir datos abiertos, evaluación independiente y refuerzo de políticas públicas para convertir la estadística en vidas seguras. Fuentes: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y datos comparativos de INEGI y organizaciones especializadas en violencia de género.
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