Colectivos desafían al EZLN y piden búsqueda en el Ajusco por posibles fosas
En el CIDECI-Unitierra, frente al Subcomandante Moisés, el Capitán Marcos y alrededor de un centenar de zapatistas, familiares de personas desaparecidas de Chiapas, Sonora y la Ciudad de México reclamaron ayer que la búsqueda que debería hacer el Estado la siguen cargando las propias familias.
Según testimonios recogidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y por el mismo CIDECI-Unitierra, las familias narraron cómo las fiscalías y las comisiones de búsqueda han quedado a la deriva: pocas indagatorias, rastreos esporádicos y nulo acompañamiento psicológico y pericial. Por eso convocaron a los colectivos a intensificar la investigación en el Ajusco, ante la sospecha de posibles fosas.
Las familias y el Frayba ligaron la desaparición con el accionar del crimen organizado, con formas de explotación económica en varias regiones y con una persistente impunidad que, dijeron, se remonta incluso a la tragedia de Tlatelolco hace 58 años. En palabras de una madre chiapaneca presentes en la asamblea, «nos buscan solas, pero no queremos que otra madre pase lo mismo; exigimos respuestas y dignidad».
El llamado incluyó una petición directa al EZLN para que aporte recursos logísticos y visibilidad a las labores de búsqueda en el Ajusco, una zona compleja por su topografía y por la cercanía con asentamientos irregulares. El Subcomandante Moisés y el Capitán Marcos escucharon las demandas, aunque desde el encuentro no hubo anuncio público de que los zapatistas vayan a coordinar operativos de rastreo.
Fuentes del Frayba señalaron que las búsquedas ciudadanas suelen depender de donaciones, voluntariado y apoyo internacional, pero que lo técnico —peritajes forenses, exhumaciones y cadena de custodia— requiere la intervención institucional para que las posibles evidencias sean válidas jurídicamente.
Qué sigue: las familias piden que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la Ciudad de México activen protocolos conjuntos, que se integren brigadas forenses y que se garantice protección a quienes participan. También plantean la creación de comisiones de seguimiento con representantes de colectivos, organizaciones civiles y autoridades independientes.
Esta historia revela una tensión central: cuando el Estado falla, la sociedad civil asume trabajos que no le corresponden, desde excavar hasta documentar. Como periodista en la cobertura, lo que queda claro es que sin peritajes oficiales y sin compromisos formales de las autoridades cualquier hallazgo podrá quedar en la impunidad. El reto ahora es que las instituciones dejen de mirar desde lejos y se comprometan a actuar junto con las familias, el Frayba y los colectivos que hoy demandan justicia.
Fuente: CIDECI-Unitierra y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
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