Reforma judicial profundiza concentración de poder, advierte experto
Por un joven periodista para la comunidad
La nueva iniciativa de reforma judicial, que se discute en el Congreso, no corrige las fallas de la transformación impulsada en 2024 y, por el contrario, podría agravar la concentración de poder y el debilitamiento institucional del Poder Judicial, advierte el doctor Roberto Lara Chagoyán, integrante del Observatorio de la Justicia.
Según el Observatorio de la Justicia, la propuesta mantiene mecanismos que limitan la autonomía de jueces y tribunales y refuerza controles administrativos que dejan decisiones clave en manos de unas cuantas figuras. «No corrige los errores de la transformación de 2024, sino que los acentúa», dice Lara Chagoyán, quien pide atender los riesgos antes de cualquier votación.
¿Por qué esto importa para la ciudadanía? Cuando las instituciones judiciales pierden independencia, la protección de derechos básicos —desde disputas laborales hasta la defensa frente a actos arbitrarios— se vuelve menos predecible. El Observatorio señala que una justicia más concentrada puede traducirse en resoluciones sesgadas y en menor acceso a caminos efectivos para solucionar conflictos cotidianos.
Abogados, académicos y organizaciones civiles consultadas por el Observatorio coinciden en que toda reforma debe acompañarse de transparencia en los procesos de nombramiento, garantías de carrera judicial y controles efectivos contra la discrecionalidad. Sin esos elementos, las modificaciones formales quedan lejos de mejorar la imparcialidad y la eficacia.
El debate en el Congreso, insiste Lara Chagoyán, exige más diálogo público y audiencias con especialistas. Para el Observatorio de la Justicia, una ruta responsable sería revisar los instrumentos que en 2024 debilitaron contrapesos, abrir espacios de fiscalización ciudadana y proteger la autonomía judicial como requisito para la confianza social.
La discusión no es abstracta: afecta cómo se resuelven conflictos vecinales, el acceso a la salud cuando hay disputas administrativas, o la posibilidad de que un ciudadano obtenga reparación frente a abusos. En ese sentido, el Observatorio hace un llamado claro a los legisladores: priorizar la fortaleza institucional sobre cálculos políticos.
La reforma que llegue a la ley debería ofrecer certezas, no más concentraciones de poder. Si el objetivo es una justicia más cercana y efectiva, las propuestas deben demostrar, con reglas concretas y supervisión pública, que privilegian la independencia y el acceso a derechos.
Fuente: Observatorio de la Justicia, declaración del doctor Roberto Lara Chagoyán.
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