Cuando las pruebas terminan exponiendo a quien las diseñó
La obsesión por medir el rendimiento educativo en México no solo revela brechas entre escuelas; desenmascara decisiones que favorecen formas de conocimiento y castigan a comunidades enteras.
Cuando una autoridad presume medir la educación debería medir, sin obsecuencia, la ignorancia de quienes diseñaron la regla. Esa paradoja late en exámenes como PLANEA y en comparativas internacionales como PISA de la OCDE: cuanto más se insiste en cuantificar lo que un estudiante sabe, más se evidencian las limitaciones de quien decidió qué merece ser medido.
Los resultados de México en PISA y los informes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no son neutros. Datos de la OCDE muestran que los promedios mexicanos están por debajo del de países de la organización, pero esos números no explican por sí solos por qué alumnos de zonas rurales o indígenas arrancan en desventaja. INEGI y organizaciones como CIDE han documentado que falta infraestructura, conectividad y materiales didácticos en muchas escuelas. Medir allí con la misma vara que en escuelas urbanas es, en el mejor de los casos, injusto y en el peor, engañoso.
La prueba, además, decide qué conocimiento es legítimo. Un examen estandarizado privilegia respuestas únicas, memorizadas, alineadas a un currículo nacional que muchas veces no incluye saberes locales, idiomas originarios o contextos productivos regionales. Entonces, el fracaso no es solo del alumno; es del diseño de la evaluación.
Maestras y maestros que trabajan en comunidades marginadas lo repiten: evaluaciones que no consideran el día a día de sus estudiantes castigan el proceso educativo. Padres de familia también señalan que la presión por resultados transforma la escuela en una fábrica de exámenes, donde se enseña la prueba y no el pensamiento crítico.
No se trata de renunciar a evaluar. Se trata de replantearla. Expertos consultados por UNICEF y académicos de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas coinciden en que hacen falta instrumentos contextualizados, evaluaciones formativas que acompañen el aprendizaje y transparencia en criterios y usos de resultados. También insisten en fortalecer la infraestructura escolar y la formación docente, porque no hay evaluación justa sin condiciones mínimas.
Un cambio concreto puede empezar por reconocer que la estandarización absoluta oculta desigualdades. Evaluaciones por muestreo, pruebas regionales diseñadas con comunidades y la incorporación de saberes locales en los criterios son pasos posibles. Igual de importante es que la SEP publique datos desagregados y que la sociedad exija rendición de cuentas sobre cómo se usan esos resultados para mejorar escuelas, no solo para calificar personas.
La educación pública merece métricas que no sean instrumentos de exclusión. Medir con honestidad implica ajustar la regla a la diversidad del país y aceptar que, muchas veces, lo que revela una prueba no es la capacidad de un niño sino la ceguera de la burocracia que la impuso. Si queremos escuelas más justas, empecemos por cambiar la forma en que las miramos.
Fuente: OCDE, SEP, INEGI, CIDE y UNICEF.
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