Amnistía pide investigar uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Jalisco
Amnistía Internacional denuncia lanzamiento de gas lacrimógeno y chorros de agua contra la ciudadanía; varios resultaron lesionados
Guadalajara, Jalisco. — La organización Amnistía Internacional alertó sobre un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales en recientes manifestaciones en Jalisco, donde, según su informe, agentes recurrieron a gas lacrimógeno y agua a presión contra la ciudadanía. El saldo, de acuerdo con testimonios recabados y la propia organización, incluye varios manifestantes lesionados y personas con afectaciones respiratorias y contusiones.
Amnistía Internacional pide que se abra una investigación independiente y que se garantice reparación a las víctimas. La organización señala además la necesidad de identificar y sancionar a los responsables, y de revisar protocolos de actuación policial para que el derecho a la protesta pacífica no sea criminalizado.
Personas que estuvieron en las movilizaciones contaron a este medio que en momentos las calles se llenaron de gas y que la presión del agua dispersó a quienes intentaban refugiarse detrás de vehículos o en calles laterales. «Fue como si nos barrieran de la calle», dijo una joven manifestante, que pidió no ser identificada. Su relato coincide con la descripción de Amnistía sobre una intervención que, en varios casos, no fue proporcional a la situación.
Desde el gobierno estatal, la Secretaría de Seguridad de Jalisco difundió un comunicado en el que asegura que las fuerzas actuaron para restablecer el orden público y proteger bienes e instalaciones. Sin embargo, Amnistía y defensores de derechos humanos insisten en que las medidas deben ser objeto de escrutinio y que no basta con explicaciones administrativas: hacen falta investigaciones claras, imparciales y con resultados públicos.
El uso de gas lacrimógeno y chorros de agua en protestas plantea preguntas concretas sobre formación policial, protocolos de contención y respeto a derechos básicos como el de reunión y la integridad física. Amnistía Internacional recomienda además mecanismos de rendición de cuentas accesibles para las personas afectadas y capacitación en derechos humanos para las corporaciones.
En términos prácticos, esto impacta la vida cotidiana: la percepción de seguridad se mezcla con la sensación de que la protesta ciudadana puede ser reprimida. Para quienes buscan cambios sociales —ya sea en educación, salud, ambiente o seguridad— esa desconfianza reduce la capacidad de diálogo y empeora la relación entre autoridades y comunidad.
Este medio solicitó una postura formal a la Fiscalía del Estado de Jalisco sobre la apertura de carpetas de investigación relacionadas con estos hechos. Amnistía Internacional ha convocado a la sociedad civil a vigilar que las indagatorias sean independientes y que no queden en declaraciones oficiales sin consecuencias.
Qué sigue — Amnistía insiste en la necesidad de medidas reparadoras y preventivas: investigación independiente, sanciones efectivas, atención médica y psicológica a las víctimas y revisión de protocolos policiales. Para la ciudadanía, el llamado es a mantenerse informada, documentar eventuales abusos y exigir transparencia a las autoridades.
Este caso vuelve a poner en el centro una pregunta sencilla: ¿quién protege a quienes salen a la calle a pedir cambios? La respuesta, sostienen defensores y Amnistía Internacional, pasa por instituciones que rindan cuentas y por una policía formada para garantizar seguridad sin vulnerar derechos.
Redacción
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