Crece la polémica al interior del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez tras los señalamientos contra José David Torres Ramírez, actual consejero jurídico municipal y titular del despacho privado “Abogante”, por presuntos actos de nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses dentro de la administración pública capitalina.
Diversas fuentes internas señalan que el funcionario habría consolidado una red de operadores y colaboradores cercanos en áreas estratégicas del municipio, entre ellos Josué Luria, del Jurídico del DIF; Eli Villa, de Capital Humano; Eduardo Osorio y Aram Abisai García, vinculados a la Consejería Jurídica; Arturo L., relacionado con la Alcaldía Municipal; así como Brian, de Asuntos Internos de la Policía Municipal.
Las acusaciones apuntan a que el consejero jurídico no solo mantiene influencia sobre decisiones administrativas y jurídicas del Ayuntamiento, sino que además presuntamente continúa operando intereses relacionados con su despacho particular, lo que podría representar una violación a los principios de imparcialidad y legalidad establecidos para los servidores públicos.
A ello se suma una nueva denuncia: presuntamente diversos jefes de departamento del municipio estarían siendo utilizados como representantes legales en distintos asuntos y litigios, especialmente en juzgados civiles, situación que ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos humanos y estructuras gubernamentales para atender intereses ajenos a las funciones estrictamente institucionales.
De acuerdo con testimonios recabados, algunos funcionarios municipales habrían sido instruidos para intervenir en procesos jurídicos y trámites legales como apoderados o enlaces operativos, pese a ocupar cargos administrativos dentro del Ayuntamiento. Esta práctica podría constituir un posible abuso de funciones y un uso indebido de la estructura pública.
Especialistas en materia administrativa advierten que un servidor público que utiliza personal subordinado para atender asuntos relacionados con intereses particulares o grupos afines podría incurrir en responsabilidades administrativas e incluso penales, particularmente si existe beneficio directo o indirecto derivado de dichas actuaciones.
Hasta ahora, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez no ha emitido una postura oficial respecto a las acusaciones. Sin embargo, sectores ciudadanos y actores políticos han comenzado a exigir la intervención de los órganos de fiscalización y control interno para esclarecer posibles irregularidades dentro de la Consejería Jurídica municipal.
El caso continúa generando tensión política y preocupación entre trabajadores del Ayuntamiento, quienes demandan mayor transparencia y una revisión profunda sobre el manejo de la estructura jurídica y administrativa del municipio.
Se espera que el ayuntamiento de Ray Chagoya pronto rinda un informe sobre esta denuncia pública.