Gobernación plantea pacto para recortar gasto del poder judicial y del ine
Ante las peticiones de estos organismos de cara al 2027, la secretaria de Gobernación aseguró que «son tiempos de austeridad».
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela, propuso abrir un diálogo con el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial para acordar ajustes al presupuesto que ambas instituciones han solicitado de cara a 2027. La propuesta, según la Secretaría de Gobernación, nace de la idea de que «son tiempos de austeridad» y de la necesidad de revisar prioridades ante la presión fiscal.
El INE, de acuerdo con comunicados internos y declaraciones públicas, ha planteado aumentos presupuestales para organizar procesos electorales y garantizar operación logística en 2027. El Poder Judicial, por su parte, ha pedido recursos para atender rezagos, modernizar infraestructura y cubrir salarios y plazas vacantes. Ambas demandas chocan con la retórica del Ejecutivo sobre disciplina del gasto, según la Secretaría de Gobernación.
¿Qué significa esto para la gente? Si el acuerdo va hacia recortes, podría traducirse en menos recursos para casillas, capacitación de personal electoral o demora en resoluciones judiciales. En la práctica, sería como recortar tela de un mismo vestido: si se quita de un lado, se tensa del otro. Por eso Rosa Icela insistió en que la negociación debe buscar «eficiencia sin afectar derechos», según fuentes de Gobernación.
Expertos consultados por este diario señalan que reducir presupuesto no siempre equivale a recortar servicios: hay margen para eliminar duplicidades, transparentar contratos y priorizar inversión tecnológica. Pero también advierten riesgos: un recorte mal calibrado podría afectar la organización electoral o el acceso a la justicia en comunidades rurales.
Desde el INE y el Poder Judicial, fuentes oficiales han pedido que cualquier ajuste se haga con parámetros técnicos y autonomía institucional, para evitar que la austeridad se convierta en limitación a funciones constitucionales. La Secretaría de Gobernación, que planteó el pacto, ha propuesto mesas de trabajo para discutir cifras y criterios antes de la elaboración del presupuesto final.
La discusión se anticipa larga y con implicaciones concretas para 2027. Ciudadanos y organizaciones civiles deberán vigilar que la negociación priorice la transparencia y el servicio público. Como dice la Secretaría de Gobernación, la austeridad puede ser necesaria, pero no debe convertirse en una excusa para afectar derechos fundamentales.
Fuente: Secretaría de Gobernación; declaraciones públicas del INE y del Poder Judicial consultadas por este diario.
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