Sheinbaum pide autorización federal para academia policial de Querétaro con estados unidos
La presidenta explicó el procedimiento para recibir cooperación extranjera y aseguró que el proyecto no consta entre los acuerdos aprobados desde 2021, según Presidencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este lunes que el proyecto de una academia policial en Querétaro, con participación de instituciones de Estados Unidos, cuente con la luz verde del gobierno federal antes de avanzar. En conferencia, explicó a la prensa el procedimiento que deben seguir las autoridades locales para recibir cooperación internacional en materia de seguridad, según informó la Presidencia.
Sheinbaum subrayó que cualquier apoyo extranjero en asuntos de seguridad requiere autorización y transparencia. «No se trata solo de firmar un convenio, sino de garantizar que la capacitación respete la ley y esté sujeta a supervisión», dijo, según el comunicado presidencial.
La mandataria agregó que, de acuerdo con documentos oficiales, el supuesto convenio de Querétaro no aparece entre los nueve acuerdos internacionales aprobados por la federación desde 2021, lo que abre preguntas sobre el estatus del proyecto y los pasos pendientes para su validación.
Para las y los vecinos de Querétaro esto puede sonar distante, pero tiene consecuencias concretas: de la aprobación depende quién capacita a los policías, qué estándares se aplican y qué mecanismos de rendición de cuentas habrá. En otras palabras, es la diferencia entre formación con criterios claros y trenes que parten sin billete de garantía.
La voz de la Presidencia contrasta con la versión del Gobierno de Querétaro, que ha defendido la necesidad de mejorar la preparación policial ante el aumento de delitos en la entidad. Fuentes locales señalan que hay interés en recibir apoyo externo para actualizar técnicas de investigación y protocolos de actuación.
Expertos en seguridad consultados por este medio advierten dos retos. Primero, la coordinación entre órdenes de gobierno debe ser formal y pública: las autorizaciones, alcances y recursos tienen que quedar por escrito y accesibles. Segundo, la capacitación debe alinearse con estándares de derechos humanos y mecanismos de fiscalización para evitar abusos o transferencias de prácticas inapropiadas.
Desde el enfoque ciudadano, la discusión es menos técnica: se trata de que la policía sea eficaz y respetuosa, y de que los gobiernos expliquen cómo lograran eso. Por eso Sheinbaum pidió al gobierno de Querétaro presentar la documentación necesaria y esperar la resolución federal antes de implementar el proyecto.
En el corto plazo, quedan dos preguntas vigentes: qué instancias federales revisarán el convenio y en qué plazo darán respuesta; y cómo se garantizará la participación ciudadana y la supervisión legislativa sobre cualquier acuerdo internacional en materia de seguridad. La Presidencia prometió claridad en los próximos días.
Este caso recuerda que la seguridad no solo se construye con equipos o entrenamientos, sino con reglas claras y cuentas visibles. Para avanzar, será clave que la federación y el estado trabajen con transparencia y que la sociedad exija información: preguntar y fiscalizar es parte de la protección común.
Fuente: Presidencia y Gobierno de Querétaro.
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