Alta informalidad en Oaxaca deja a ocho de cada diez trabajadores sin protección
Según el INEGI, 80.1% de la fuerza laboral del estado trabaja sin seguridad social ni contrato formal; la cifra se aproxima a la de regiones de África
En Oaxaca, la mayor parte de la gente que trabaja lo hace sin las redes mínimas de protección: 80.1% de la población ocupada está en la informalidad, informa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esa proporción se acerca a las estimaciones que la Organización Internacional del Trabajo coloca para varios países de África, donde la informalidad ronda entre 83 y 85%.
La informalidad no es solo un número. Significa empleos sin contrato, sin afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin ahorro para pensión y con ingresos variables que no alcanzan para cubrir gastos imprevistos. Para muchas familias oaxaqueñas, trabajar en la informalidad implica vender en la calle, hacer trabajo doméstico por pago, o producir en la agricultura de autoconsumo sin acceso a mercados formales.
«Trabajo desde las seis de la mañana en el tianguis y no tengo seguro, si me enfermo, no puedo pagar», cuenta María López, artesana del centro histórico. Su jornada y la de miles como ella sostienen la economía local, pero también las hace más vulnerables ante una crisis de salud o una caída en la demanda.
Los datos del INEGI muestran un desafío estructural. La informalidad se alimenta de la falta de empleos formales, de mercados cerrados para pequeños productores, y de políticas públicas que no terminan de conectar apoyos con las necesidades reales: capacitación, acceso a crédito con condiciones dignas, infraestructura y compras públicas que favorezcan a productores locales.
No todo está perdido. Para reducir la informalidad se requieren acciones coordinadas: incentivos fiscales y administrativos para la formalización de microempresas, programas de capacitación con salida laboral, acceso a seguridad social gradual y esquemas colectivos como cooperativas que permitan negociar mejores condiciones. Además, una política pública con perspectiva de género y de respeto a pueblos indígenas es clave en un estado diverso como Oaxaca.
El reto es también político y comunitario. Los gobiernos, local y federal, deben ajustar las políticas para que formalizar no sea sinónimo de más trámites y costos, sino de beneficios reales. Al mismo tiempo, organizaciones sociales y ciudadanía pueden impulsar modelos colectivos —mercados organizados, certificaciones comunitarias, bancos de tiempo— que aumenten ingresos y protejan derechos.
La informalidad no desaparecerá con discursos; requiere decisiones concretas que mejoren vidas hoy: acceso a salud, pensión, jornadas dignas y mercados justos. Si la meta es que menos personas vivan al filo, la ruta debe combinar datos, inversión pública y participación ciudadana. Así lo muestra el INEGI, y así lo sienten las personas en las calles y mercados de Oaxaca.
