El 28 de octubre de 2026, integrantes de Antorcha Campesina ocuparon el acceso principal del Palacio de Gobierno de Oaxaca para solicitar una audiencia con el gobernador Salomón Jara. Según los manifestantes, autoridades estatales les habían ofrecido una mesa de trabajo que seguía sin realizarse. El 9 de noviembre, los formadores de docentes de la Sección 22 marcharon al Zócalo después de una reunión que, de acuerdo con su dirigencia, había concluido sin propuestas concretas. En el primer caso, la organización recurrió a la protesta para conseguir una reunión ofrecida. En el segundo, la movilización ocurrió después de que la reunión ya se había celebrado. Entre una audiencia pendiente y una negociación sin resolución aparecen dos tareas distintas de la administración estatal, la atención inicial de una demanda y el seguimiento de lo que se discute con quienes la presentan.
A casi cuatro años del inicio de la administración, la curva de aprendizaje puede examinarse a partir de lo que las dependencias hacen con los asuntos que reciben. El modelo burocrático de Max Weber ofrece un criterio para ello. Los cargos tienen atribuciones definidas, su desempeño requiere preparación técnica, las decisiones se sujetan a reglas generales y el registro escrito permite darles continuidad cuando cambian las personas que las adoptaron. Aplicado a Oaxaca, este modelo permite contrastar lo que ocurrió en cada episodio con las actuaciones que corresponderían al funcionario encargado de un nombramiento, una negociación o una auditoría.
## Fortalecimiento Municipal y los criterios del nombramiento
En noviembre, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, tomó protesta a **Lucía Jazmín Torres Castillo** como encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal. *El Imparcial de Oaxaca* informó que Torres Castillo se tituló en Derecho en noviembre de 2025 y obtuvo su cédula profesional en mayo de 2026. La Secretaría presentó su incorporación como una medida de continuidad en el diálogo y la coordinación con los municipios, tareas que relacionó con la gobernabilidad y la paz social.
En el modelo weberiano, la primera actuación corresponde a quien hace la designación, pues es esa autoridad la que debe precisar qué atribuciones ejercerá la encargada, qué preparación requiere el despacho y qué antecedentes respaldan la decisión. La titulación reciente es un dato de trayectoria cuyo significado administrativo depende de las funciones que se le encomienden. Coordinar el trabajo con los municipios implica determinar qué asuntos resolverá directamente la encargada, cuáles atenderá el equipo técnico y en cuáles deberá intervenir el secretario. Mientras el anuncio de continuidad expresa lo que la dependencia espera del nombramiento, la información sobre el perfil y la distribución de funciones permite examinar cómo se organizó el despacho para cumplir ese propósito.
## El IEEPO después de Emilio Montero
El 25 de septiembre, el gobierno estatal informó de la renuncia de **Emilio Montero Pérez** a la dirección general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y de la designación de **Fernanda Chávez Cruz** como encargada del despacho. El nombramiento se formalizó días después. La salida de Montero ocurrió tras la detención del entonces alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de extorsión y delitos contra la seguridad del estado. Montero, quien había presidido antes ese municipio, explicó que se separaba del cargo ante los acontecimientos en Juchitán y afirmó que había presentado denuncias ante la Fiscalía. El 27 de octubre se reportó la entrega-recepción del Instituto.
Desde el modelo weberiano, el deslinde de la nueva directora habría sido de carácter administrativo y habría comenzado con la entrega-recepción. Le correspondía identificar los asuntos que recibió en trámite, las obligaciones contraídas durante la gestión anterior y las decisiones que quedaron a su cargo. En materia de nómina, eso habría significado distinguir los movimientos pendientes y establecer quién los había autorizado. En la negociación laboral, habría supuesto precisar cuáles compromisos contaban con fecha de cumplimiento, qué área debía ejecutarlos y cuáles requerían una decisión de otra autoridad. El relevo permite así establecer desde cuándo corresponde a cada titular responder por sus actuaciones, aunque las obligaciones del Instituto continúen durante la transición.
La marcha del 9 de noviembre permite aplicar ese criterio a un asunto concreto. Los formadores de docentes, en paro desde el día 4, reclamaron pagos pendientes, recategorizaciones y regularización de plazas. Según su dirigencia, el 16 de octubre ya se había celebrado una mesa en Ciudad Administrativa sin que se presentaran propuestas concretas. Ante ese pliego, la dirección habría separado los pagos que podía tramitar el Instituto, los movimientos de personal que requerían validación y los asuntos sujetos a decisiones de otra autoridad. A partir de esa clasificación, podía informar a los docentes qué peticiones estaban en condiciones de resolverse, cuáles se habían turnado y en qué fecha recibirían una respuesta.
## Plantones, bloqueos y seguimiento de los acuerdos
En el caso de Antorcha Campesina, el seguimiento habría comenzado al registrar la solicitud de audiencia, identificar al área competente y comunicar una fecha para la mesa. El plantón de docentes de educación indígena del 5 de octubre muestra una etapa posterior. Jesús Romero López informó que los profesores habían sido atendidos y que el IEEPO revisaría sus demandas. Una vez canalizado el pliego, al funcionario responsable le correspondía precisar qué petición recibió cada área, quién debía contestarla y cómo se informaría el resultado a los representantes. Recibir a una organización, turnar su solicitud y resolverla son actuaciones distintas, y cada una tiene un responsable dentro de la administración.
En el Istmo de Tehuantepec, comunidades de la Sierra Mixe-Zapoteca mantuvieron en octubre un bloqueo carretero durante al menos tres días para solicitar la renovación de la red eléctrica y la pavimentación de caminos. Al tercer día, la prensa local reportaba que seguían sin acuerdo con el gobierno estatal. Un funcionario que actuara conforme al modelo weberiano habría precisado qué obra podía asumir el Ejecutivo de Oaxaca, qué parte requería la intervención de otra autoridad y quién quedaría encargado de esa gestión. Esa distribución de competencias habría dado a las comunidades una referencia para seguir los compromisos estatales, conocer el estado de las gestiones y saber a qué instancia correspondía decidir sobre cada obra.
## La Secretaría de Honestidad y la separación de funciones
El 9 de noviembre, *La Jornada* informó que la Auditoría Superior de la Federación indagaba un **posible conflicto de interés** relacionado con Nancy Lorena Hernández Gómez, coordinadora de Auditoría de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, y su hermana Iliana Araceli, exsecretaria ejecutiva del organismo electoral estatal. Según la cobertura, la coordinadora habría participado en grupos de trabajo y en requerimientos dirigidos al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. El asunto concierne a la Secretaría estatal porque fue en esa dependencia donde se asignaron las funciones de auditoría y se tramitaron los requerimientos señalados.
La separación entre las funciones del cargo y las relaciones personales es un rasgo del modelo weberiano. Ante un asunto que pudiera involucrar actuaciones de un familiar, la funcionaria habría comunicado el vínculo a su superior antes de intervenir. A la autoridad responsable le habría correspondido determinar si procedía la excusa, designar a otra persona cuando fuera necesario y registrar la decisión. Si la intervención ya había ocurrido, la revisión tendría que identificar quién elaboró y autorizó los requerimientos y en qué condiciones se asignaron. La declaración general de la titular, Leticia Elsa Reyes López, sobre la aplicación de las responsabilidades administrativas se puede contrastar, en este caso, con las actuaciones específicas que la Secretaría informe sobre su propio personal.
Después de la curva de aprendizaje, la capacidad del gobierno de Oaxaca puede examinarse en el curso que siguen sus decisiones. En un nombramiento, importa cómo se estableció que el perfil correspondía al cargo. En una negociación, qué ocurrió con el compromiso después de la reunión. En una auditoría, quién intervino y bajo qué reglas. En los tres casos, **la información disponible permite distinguir lo que la autoridad anunció, las decisiones que tomó y los resultados que pueden verificarse**.
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