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Renovación anual de la tarjeta humanitaria agrava trauma de familiares de desaparecidos
Para muchas familias que buscan a un ser querido desaparecido en México, la burocracia se convierte en otra forma de pérdida. La tarjeta de visitante por razones humanitarias que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) les permite permanecer en el país de manera regular mientras continúan la búsqueda, pero su renovación anual —según denunció la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, de la Universidad Iberoamericana— obliga a los familiares a volver a relatar el mismo dolor y a enfrentar trámites que revictimizan.
La Clínica Jurídica Alaíde Foppa, que acompaña a personas en situación de desplazamiento y refugio, advierte que el procedimiento de renovación requiere presentar documentos, acudir a entrevistas y justificar la permanencia cada 12 meses. Ese ciclo transforma la política pública en un recordatorio constante del duelo: renovaciones que obligan a abrir la carpeta de la desaparición una y otra vez, con preguntas y requisitos que, en muchos casos, no aportan a la investigación sino solo a prolongar la inseguridad jurídica.
Desde la perspectiva de quienes viven la búsqueda, la renovación periódica funciona como una moneda que debe cambiarse para no perder el derecho a no irse. Para quienes vienen de comunidades afectadas por desapariciones, desplazamientos forzados o riesgo, la necesidad de desplazarse de nuevo a oficinas migratorias, reunir documentos que muchas veces faltan o están en poder de autoridades y soportar esperas, se suma al desgaste emocional y económico.
El INM, institución responsable de expedir la tarjeta de visitante por razones humanitarias, argumenta que la vigencia limitada está pensada para evaluar circunstancias cambiantes. Sin embargo, organizaciones como la Clínica Jurídica Alaíde Foppa señalan que esa evaluación debe diseñarse con enfoque de género y víctimas, evitando prácticas que obliguen a revivir el trauma de forma periódica. La exigencia, dicen, choca con la realidad de que miles de búsquedas siguen abiertas y que las condiciones de riesgo no desaparecen en un año.
Hay alternativas concretas que proponen organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos: ampliar la vigencia de la tarjeta por varios años, establecer renovaciones administrativas simples y no intrusivas, digitalizar trámites para reducir traslados y tiempo de espera, y capacitar al personal del INM para una atención sensible a víctimas. También plantean coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con autoridades estatales para que la condición de ser familiar de una persona desaparecida sea un criterio que evite controles repetidos.
La discusión no es solo técnica: es una pregunta sobre qué tipo de Estado queremos. Si las políticas que buscan proteger terminan por obstaculizar la posibilidad de seguir buscando a una persona, se necesita una revisión urgente. La Clínica Jurídica Alaíde Foppa, de la Universidad Iberoamericana, ha pedido públicamente que la reforma del procedimiento incluya la voz de las familias afectadas y medidas de no revictimización.
Mientras tanto, las familias siguen enfrentando plazos y trámites. Para muchas, la renovación anual es como tener que abrir una herida cada 12 meses para demostrar que todavía late la necesidad de quedarse, de buscar y de no renunciar a la verdad. Es un tema que exige respuestas rápidas, humanas y de largo plazo por parte del INM y del resto de las autoridades.
Fuente: Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas, Universidad Iberoamericana; Instituto Nacional de Migración.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
