Sheinbaum advierte riesgo de sabotaje en comicios 2027 y ordena revisión de contratos millonarios
En conferencia, la Presidencia vinculó la reforma de 2014 con la concentración de poder en el INE y anunció nuevas auditorías tras denuncias por contratos
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que existe una maniobra para intentar “sabotear” las elecciones de 2027 y anunció la apertura de nuevas auditorías a contratos que, dijo, han generado denuncias públicas. Según la Presidencia, la medida responde a la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral y recuperar la confianza ciudadana.
En su intervención la mandataria señaló que la reforma electoral de 2014 concentró facultades en el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que, a su juicio, ha creado espacios susceptibles a irregularidades. No ofreció cifras concretas en el acto, pero pidió que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación revisen “contratos millonarios” adjudicados a proveedores vinculados a servicios electorales.
La petición oficial, según el comunicado difundido por Presidencia, incluye auditorías internas y coordinación con los órganos de fiscalización del Estado. El objetivo, explicó Sheinbaum, es transparentar el uso de recursos públicos y evitar que fallas administrativas o malas prácticas se traduzcan en manipulación del próximo proceso electoral.
Para entenderlo en términos sencillos: la presidenta planteó que sin controles claros, una máquina puede fallar por desgaste o porque alguien le puso arena en los engranajes. En este caso, la máquina es el sistema electoral y la arena son los contratos opacos y la concentración de decisiones.
El anuncio llega en un clima de tensión entre el Ejecutivo y el INE, que en años recientes ha sido objeto de críticas y disputas políticas. El Instituto ha respondido en ocasiones anteriores que sus procedimientos buscan garantizar la legalidad del proceso electoral y que las decisiones sobre fiscalización corresponden a los órganos competentes.
Organismos como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación tienen la facultad de revisar contratos y sancionar irregularidades. La Presidencia dijo que solicitará esos mecanismos para esclarecer “posibles conflictos de interés” y que cualquier resultado debe hacerse público para fortalecer la confianza ciudadana.
Para la ciudadanía, el riesgo no es abstracto: una elección con dudas sobre la contratación de proveedores o con exceso de centralización puede traducirse en menor participación y en la sensación de que la democracia funciona con piezas fuera de su lugar. María López, vecina de la alcaldía Benito Juárez, comentó que “si no hay transparencia, la gente se cansa y deja de ir a votar”.
En el terreno político, analistas consultados por este diario —incluidos especialistas en derecho electoral— advierten que las auditorías son una herramienta legítima, pero su efectividad depende de independencia y tiempos. Una revisión apresurada o percibida como selectiva puede alimentar la polarización en lugar de calmarla.
Sheinbaum pidió colaboración institucional y, al mismo tiempo, urgió a la sociedad a mantenerse activa y vigilante: “La democracia se defiende con hechos, no con frases”. Presidencia aseguró que los informes de auditoría se harán públicos para que la ciudadanía conozca cómo se gastan los recursos y quiénes resultan responsables si se detectan irregularidades.
La apuesta, según la Presidencia, es que la transparencia y la rendición de cuentas sirvan de vacuna contra cualquier intento de desestabilizar el proceso electoral de 2027. Queda pendiente ver cómo responderán el INE y las instancias de fiscalización, y si las auditorías alcanzan a todos los contratos señalados.
