Consejeros del INE evaden responsabilidad y dicen no tener conocimiento de presuntos actos
La conferencia de prensa del Instituto Nacional Electoral, encabezada por Blanca Cruz —quien ocupará la presidencia provisional hasta que la Cámara de Diputados elija a la nueva mesa directiva— dejó más preguntas que certezas. Ante señalamientos públicos sobre posibles irregularidades, los consejeros presentes se limitaron a señalar que no tienen conocimiento directo de actos de corrupción y remitieron cualquier investigación a instancias competentes.
Según el propio INE, las respuestas de los consejeros buscaron deslindar responsabilidades: se repitió que las decisiones colegiadas se toman en sesión y que cualquier presunto ilícito debe acreditarse antes de atribuir culpas. Periodistas preguntaron por denuncias y por auditorías anteriores; la respuesta fue general y en varios momentos la pelota terminó en manos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía General de la República, instituciones señaladas como las encargadas de investigar y acreditar irregularidades.
Para organizaciones ciudadanas la reacción fue insuficiente. Transparencia Mexicana emitió un llamado a la rendición de cuentas y pidió que el INE facilite acceso a la información sobre contratos y gastos, para disipar dudas y fortalecer la confianza pública. En paralelo, legisladores de distintas fracciones urgieron a la Cámara de Diputados a acelerar la elección de la nueva presidencia del consejo, argumentando que la provisionalidad no puede sustituir mecanismos claros de control.
Lo que está en juego no es solo un nombre o una silla. Cuando una institución electoral aparece en el centro de dudas, la consecuencia se siente en la calle: menos confianza en las reglas del juego, mayor sensación de impunidad y una ciudadanía más distante de la participación. Por eso especialistas consultados subrayan tres pasos concretos que, dicen, podrían ayudar a recomponer la confianza: auditorías públicas y con plazos claros por parte de la ASF, comparecencias transparentes de los responsables ante comisiones legislativas y la publicación ordenada de contratos y convenios en la plataforma nacional de transparencia.
Blanca Cruz reiteró que su tarea provisional será garantizar la operación institucional hasta que la Cámara de Diputados designe a la nueva mesa. Pero la eficacia de ese encargo dependerá de que el INE no sólo diga que «no tiene conocimiento», sino que demuestre con datos, auditorías y colaboración con las autoridades competentes que cualquier duda se atiende con rapidez y con claridad.
La fuente de esta información es el propio Instituto Nacional Electoral, y las reacciones de la sociedad civil y el Congreso han sido reportadas por organizaciones como Transparencia Mexicana y por las instituciones estatales encargadas de fiscalizar, como la Auditoría Superior de la Federación.
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