Sheinbaum exige auditoría al INE y revisión de gestiones desde Taddei
La presidenta pidió que el órgano de control del Instituto Nacional Electoral entregue toda la información a la Auditoría Superior de la Federación y que se investiguen presuntas irregularidades de años anteriores, incluyendo la gestión ligada a Taddei. Así lo reportó La Jornada tras la aparición de sus declaraciones públicas.
En su llamado, la mandataria señaló la necesidad de revisar «señalamientos de presuntas irregularidades» y urgió a que el INE facilite los documentos al órgano auditor federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que haga una investigación exhaustiva. La petición fue registrada también por Reforma, que destacó el énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Qué significa esto para la ciudadanía? En términos prácticos, una revisión por parte de la ASF puede implicar la verificación de gastos, procedimientos internos y cumplimiento de normativas en periodos anteriores. Si se detectan irregularidades, podrían derivarse sanciones administrativas o recomendaciones para cambiar prácticas que hoy afectan la confianza en las instituciones electorales.
El señalamiento hacia «la gestión desde Taddei hacia atrás» abre la puerta a auditar periodos previos al actual consejo del INE. Esa mirada hacia el pasado busca, según la presidencia, cerrar ciclos opacos y evitar que fallas antiguas se repitan en la organización de procesos electorales y en el manejo de recursos públicos.
Hasta el cierre de esta nota, el INE no había emitido una respuesta formal que modifique la versión difundida por La Jornada y El Universal sobre la solicitud presidencial. Fuentes consultadas por este diario indican que el proceso habitual implicaría primero una revisión interna del órgano de control del INE y, en su caso, la entrega de la documentación requerida a la ASF para que inicie actuaciones de fiscalización.
Las reacciones políticas han sido inmediatas. Desde sectores que respaldan la iniciativa se argumenta que la transparencia fortalece la democracia; voces críticas piden garantías para que cualquier indagatoria respete el debido proceso y no sea usada con fines políticos. Como apuntó Reforma, el equilibrio entre escrutinio y autonomía institucional será clave en los próximos días.
Para las personas que participan en la vida pública —votantes, observadores, funcionarios locales—, el reclamo tiene consecuencias concretas: más claridad sobre cómo se gastaron recursos públicos en procesos electorales, posibles cambios en controles internos del INE y, en el mejor de los casos, un refuerzo en la confianza ciudadana si la investigación se realiza con independencia y resultados públicos.
Desde la perspectiva institucional, la ASF tiene facultades para auditar y, de encontrar irregularidades, solicitar sanciones o recomendaciones. Este paso profesionaliza la revisión, pero depende de que el INE entregue la información completa que se le solicita. Aquí la comunicación clara entre las instituciones será determinante, como lo ha subrayado El País en análisis recientes sobre la relación entre órganos de control y entes autónomos.
Este periódico seguirá de cerca dos líneas de acción: primero, si el INE entrega la documentación solicitada y en qué plazos; segundo, el alcance de las auditorías de la ASF y sus conclusiones. La transparencia no es un fin simbólico, afecta cómo se administran los recursos que sostienen procesos democráticos y, por ende, la vida pública de millones de personas.
Fuente: La Jornada, Reforma, El Universal y Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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