En manos de la Corte, posible anulación de absolución por ataque con ácido
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si un juez sustituto pudo anular una sentencia absolutoria y ordenar un nuevo juicio en un caso de ataque con ácido.
La ministra encargada del proyecto planteó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar hasta dónde llegan las facultades de un juez sustituto para dejar sin efecto una absolución y ordenar la reapertura del proceso. Si la Corte acoge esa tesis, el fallo podría revertir la decisión que dejó libre a un imputado en un caso de ataque con ácido y, de paso, sentar un precedente sobre los límites del poder judicial.
En términos sencillos: se trata de decidir si un juez que sustituye a otro puede anular una absolución firme y obligar a que se celebre un nuevo juicio. Para las víctimas, esa decisión no es solo técnica; es la posibilidad de que se revise una resolución que, en su percepción, negó justicia. Para el sistema judicial, el veredicto podría marcar cómo se aplican garantías procesales y evitar decisiones contradictorias entre jueces.
Fuentes de la propia Suprema Corte explican que el debate gira en torno a dos principios en tensión: la protección de los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de las sentencias. Si la Corte avala que el juez sustituto tenía facultades, se abre la puerta a reabrir procesos cuando existan dudas sobre la validez de una absolución. Si lo niega, se refuerza la estabilidad de las sentencias aun cuando haya reclamos por posibles errores judiciales.
El caso del ataque con ácido tiene además un impacto social claro: los ataques con sustancias corrosivas han encendido la alarma pública por la gravedad de las lesiones y las consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas. Para organizaciones que trabajan con sobrevivientes, la posibilidad de que un tribunal superior permita reabrir juicios representa una esperanza de reparación y de sanción efectiva.
No obstante, expertos en derecho consultados por este periódico advierten que una solución apresurada también puede generar problemas. Anular una absolución sin respetar el debido proceso puede revictimizar a las personas afectadas y crear incertidumbre sobre cuándo una sentencia puede considerarse final. La Corte, por lo tanto, enfrenta la responsabilidad de equilibrar justicia material y garantías procesales.
El fallo que emita la Suprema Corte tendrá efecto más allá de este caso puntual. Podría modificar criterios sobre la intervención de jueces sustitutos en todo el país, influir en cómo se interpretan los plazos para impugnar sentencias y, en última instancia, cambiar la forma en que víctimas y acusados perciben la probabilidad de obtener justicia. También pondrá en relieve la necesidad de mejorar investigaciones y capacidades periciales en delitos con alto impacto social.
Como periodista, veo en este asunto una pregunta que va más allá de la letra de la ley: ¿qué tipo de respuesta espera la sociedad cuando ocurre un crimen que deja huella para toda la vida? La decisión de la Corte puede acercarnos a una justicia más efectiva o, si se maneja mal, quitar certeza a procesos ya concluidos. Por eso es clave que la discusión sea pública, transparente y con participación de las víctimas.
La audiencia pública y la votación en la Suprema Corte serán momentos claves. Estaremos atentos a la versión final del proyecto de la ministra y a las razones jurídicas que expliquen el sentido del voto de los ministros. La resolución no solo decidirá sobre un caso concreto, sino que marcará el rumbo de cómo la justicia mexicana responde ante crímenes que requieren, además de sanción, reparación y prevención.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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