Playa en riesgo: carteles y funcionarios tras el despojo de la costa oaxaqueña
Comunidades de Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo acusan irregularidades en la entrega y uso de terrenos
Por un periodista joven de Oaxaca
En la franja costera de la región de Pochutla, residentes y organizaciones sociales denuncian una nueva forma de despojo: la combinación de violencia, compra irregular de tierras y la intervención de funcionarios municipales para facilitar proyectos que benefician a grupos al margen de la ley. Entre las localidades señaladas están Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo, según reportes recogidos por El Imparcial de Oaxaca.
Habitantes entrevistados por ese medio señalan que el titular de Ordenamiento Territorial de San Pedro Pochutla habría participado en trámites y “gestiones” que permitieron la afectación de predios comunales y de uso público. Las acusaciones incluyen alteración de planos, expedición de permisos sin consulta y presiones para que familias vendan o abandonen terrenos junto a la playa.
“Llegaron vallas y hombres que no conocíamos. Luego nos dijeron que no podíamos estar ahí”, relata una vecina de Zipolite citada por El Imparcial de Oaxaca. Para muchas comunidades, la costa no es solo paisaje: es sustento, memoria y espacio cultural. Cuando el acceso se restringe se pierde más que tierra, se rompe la vida cotidiana de pescadores, comerciantes y jóvenes.
Especialistas en temas agrarios consultados por este diario explican que la combinación de intereses turísticos, la falta de regulación clara y la presión de grupos criminales crea un entorno propicio para el despojo. Los terrenos frente al mar tienen alto valor económico y, en ausencia de procedimientos transparentes, aparecen títulos apócrifos o ventas bajo coacción.
La presencia del crimen organizado en procesos de apropiación no siempre es directa; a veces se manifiesta como intermediarios que compran a bajo costo, como “inversionistas” que financian obras y luego imponen exclusiones. Otras veces hay violencia explícita: amenazas, desalojos forzados y quema de viviendas.
Ante estas denuncias, autoridades municipales y estatales deben actuar con prontitud y transparencia. Es necesario revisar permisos de uso de suelo, auditar trámites de Ordenamiento Territorial y garantizar la protección de comunidades indígenas y campesinas. El Ministerio Público y la Secretaría de Medio Ambiente tienen medidas a su alcance para frenar agravios y proteger corredores costeros.
Las propuestas de las propias comunidades, recogidas por El Imparcial de Oaxaca, apuntan a soluciones claras: registros comunitarios de la tierra, moratoria en nuevas concesiones hasta completar procesos de regularización, y comités de vigilancia con participación ciudadana. También piden acompañamiento legal y humanitario para quienes han sufrido amenazas.
Esta situación no es ajena a la ciudadanía: cuando se pierde el acceso a playas públicas se afecta el bienestar local, la economía familiar y el derecho a un ambiente sano. Proteger la costa es también proteger empleos, tradiciones y la soberanía de comunidades que han habitado estas tierras por generaciones.
Como periodista joven y vecino, creo que la agenda pública debe poner en el centro la voz de quienes viven la costa. Las investigaciones periodísticas como la de El Imparcial de Oaxaca abren la puerta para exigir cuentas. Ahora corresponde a las autoridades investigar, a la sociedad acompañar y a las comunidades defender sus derechos con respaldo técnico y solidaridad.
Seguiremos documentando las denuncias y proponiendo alternativas que permitan recuperar playas como bienes comunes, no monedas de cambio.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
