Llevan al Altiplano a Miguel Ángel Solano tras 300 días de seguimiento por presunto huachicol fiscal
La FGR documentó sus movimientos y distintos domicilios durante casi un año antes de ubicarlo en un fraccionamiento de Zapopan
Miguel Ángel Solano fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR), después de una investigación en la que, según la dependencia, se documentaron casi 300 días de seguimiento a sus movimientos y cambios de domicilio hasta ubicarlo en un fraccionamiento de Zapopan.
La FGR lo señala por delitos relacionados con el llamado “huachicol fiscal”, término con el que se describen prácticas de desvío y evasión de impuestos sobre combustibles, así como operaciones irregulares que impactan la recaudación y la seguridad en la distribución de gasolina. El expediente, de acuerdo con la Fiscalía, incluyó rastreo de domicilios y seguimiento de operaciones financieras y logísticas.
Este caso plantea dos preguntas básicas para la ciudadanía: cómo se detectó la red y qué pérdidas representa para el erario. La Fiscalía asegura que la investigación acumuló evidencia para sustentar la imputación; hasta el cierre de esta nota no se había difundido una postura pública de la defensa de Solano.
El ingreso de Solano al Altiplano se suma a una serie de operativos impulsados por autoridades federales en los últimos años contra quienes lucran con combustibles y esquivan impuestos, conductas que reducen recursos destinados a servicios públicos y afectan la competencia en el mercado local. La atención de la FGR a este asunto, según su propio reporte, incluyó trabajo de gabinete y campo durante casi un año.
Para quienes viven en las zonas afectadas, la lucha contra el huachicol fiscal no es solo un tema técnico: implica menos recursos para hospitales, escuelas y obra pública, y también riesgos de seguridad por las cadenas de distribución clandestinas. En términos prácticos, el combate a estas prácticas requiere coordinación entre autoridades fiscales, aduaneras y de seguridad, así como mecanismos más transparentes en la comercialización de combustibles.
La imputación a Solano deberá resolverse en los procesos judiciales correspondientes, donde se determinará su responsabilidad y las sanciones aplicables. Mientras tanto, la FGR fue clara al mencionar que la investigación se prolongó para reunir elementos que sostengan la acusación.
Este caso invita a reforzar la fiscalización y a exigir a las autoridades resultados más visibles y prevención. La sociedad tiene también un papel: denunciar irregularidades y exigir transparencia para que los recursos públicos no se desvíen y se destinen a mejorar servicios básicos.
Seguiremos en contacto con los avances del proceso y con cualquier información adicional que aporte la Fiscalía General de la República o las partes involucradas.
Fuente: Fiscalía General de la República (FGR)
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