Familiares de Ayotzinapa exigen a la Corte respuestas tras nueva confirmación
Iguala, Guerrero. Familiares de los 43 normalistas desaparecidos pidieron a la Suprema Corte que acelere decisiones y ordene investigaciones inmediatas, luego de que autoridades federales, según denunció Melitón Ortega —tío del estudiante Mauricio Ortega—, ratificaran la presencia de 17 de los jóvenes en las celdas de la Policía Municipal la noche de su desaparición. La información fue dada a conocer a La Jornada por familiares que reclaman profundizar esa línea de indagación.
La revelación reabre viejas preguntas sobre lo ocurrido en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y alimenta la desconfianza de las familias frente a versiones previas y a mecanismos de investigación que, dicen, han ofrecido respuestas parciales. “Si estuvieron en las celdas, hay responsables concretos y pruebas que deben ser procesadas”, afirmaron los familiares en un acto público en Guerrero, según reportó La Jornada.
Desde hace años, las familias han denunciado omisiones y contradicciones en las pesquisas, y han desconfiado de la llamada “verdad histórica” que presentó la primera investigación. Organizaciones civiles y autoridades internacionales han pedido, en distintas ocasiones, fortalecer la investigación y garantizar la protección de las víctimas y testigos. En ese contexto, la nueva ratificación sobre la posible presencia de 17 normalistas en instalaciones municipales obliga, sostienen los deudos, a revisar custodia de pruebas, bitácoras policiales y rutas de traslado que hasta ahora no se han explicado completamente.
El reclamo se dirige ahora a la Suprema Corte porque las familias consideran que las decisiones que están demorando en tribunales superiores son clave para abrir líneas de investigación y para quitar obstáculos a la acción penal. Exigen que la Corte no deje en manos de la burocracia la resolución de recursos que podrían desbloquear diligencias claves y garantizar acceso a la verdad y a la justicia.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría en el pasado han enfrentado señalamientos por dilaciones y por la calidad de ciertas pruebas. Ante ello, las familias y colectivos de derechos humanos piden medidas concretas: nuevas peritajes forenses, revisión de comunicaciones y registros de la Policía Municipal de Iguala, comparecencias de responsables de mando y protección efectiva para testigos.
El caso de los 43 normalistas no es solo una demanda legal; es una herida social que ha marcado a generaciones. Para los familiares, cada informe técnico o judicial que no se aborda con celeridad prolonga el dolor y la incertidumbre. “Queremos respuestas ya, no migajas procesales”, dijo Melitón Ortega en declaraciones recogidas por La Jornada, al subrayar que ya no aceptarán más demoras.
Expertos consultados por este diario señalan que la intervención de la Suprema Corte puede ser decisiva para ordenar líneas de investigación cuando existen indicios de violaciones graves a derechos. Sin embargo, recuerdan que la Corte actúa dentro de marcos jurídicos y que la presión pública y la vigilancia ciudadana son determinantes para que las decisiones se traduzcan en acciones concretas.
Las familias anunciaron que mantendrán movilizaciones y recursos legales hasta obtener resultados claros: la identificación de responsables, el esclarecimiento de las circunstancias de la detención y el paradero final de los jóvenes desaparecidos. En su llamado incluyeron la demanda de transparencia total en las diligencias y la participación de peritos independientes que den confianza a las víctimas.
La exigencia es simple y urgente: que la Corte deje de ser un escollo y actúe como garante de derechos. Para las familias de Ayotzinapa, la justicia no puede seguir esperando.
Información sobre declaraciones de familiares: La Jornada.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
