Comunidades del Istmo reclaman decisión sobre el agua y la tierra
Desde Juchitán, autoridades comunitarias y habitantes exigieron que la nueva ley reconozca su autonomía para decidir sobre proyectos hídricos y territoriales; “¡El agua no se vende!”, dijeron en voz alta.
Juchitán —En la plaza municipal y en las asambleas de varios pueblos del Istmo de Tehuantepec, mujeres y hombres marcaron la misma demanda: que cualquier norma sobre el agua y el territorio incluya el derecho de los pueblos indígenas a decidir. La consigna “¡El agua no se vende!” volvió a escucharse, según reportes de El Imparcial de Oaxaca.
La discusión se enmarca en una iniciativa legal que, aseguran representantes comunitarios y activistas, podría definir quién controla proyectos de agua, concesiones y obras de infraestructura en zonas donde las comunidades reclaman territorio ancestral. Para la gente de Juchitán, ese control no es abstracto: implica agricultura, salud, y la supervivencia cultural de familias que han vivido de la tierra y el agua por generaciones.
“Nosotros sabemos cuándo y cómo usar el agua para sembrar y beber; no queremos decisiones impuestas desde oficinas que no conocen nuestro clima ni nuestras costumbres”, dijo una integrante de la asamblea municipal durante la protesta en Juchitán, en palabras recogidas por El Imparcial de Oaxaca. El reclamo se mezcla con la memoria de conflictos por megaproyectos y por la distribución desigual del recurso.
En términos concretos, las comunidades piden que la ley reconozca mecanismos formales de consulta y consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que afecten cuencas, ríos y manantiales. Piden además instrumentos de gestión comunitaria del agua que garanticen acceso para uso doméstico y agrícola, y límites claros a concesiones comerciales que pongan en riesgo el abasto local.
Expertos y organizaciones civiles han señalado que en México la gestión del agua enfrenta retos estructurales: desigualdad en la dotación, contaminación y falta de infraestructura en zonas rurales. Frente a eso, las propuestas desde los pueblos buscan combinar prácticas tradicionales con soluciones técnicas sencillas y participativas, como reservorios comunitarios, manejo de cuencas y acuerdos de gestión compartida.
Las autoridades estatales y federales han manifestado apertura al diálogo, pero las comunidades reclaman garantías y plazos. “No es cuestión de resistencia por resistencia; es de cómo cuidamos la vida cotidiana de la gente”, apunta una académica consultada tras las asambleas en el Istmo.
Lo que está en juego no es solo una ley, sino la capacidad de decidir sobre el propio futuro: quién toma las decisiones, con qué criterios y a quién sirve la gestión del agua. Para que una reforma sea legítima, insisten las organizaciones y las asambleas, debe partir de la voz de las comunidades y traducirse en derechos claros y fiscalización efectiva.
El camino requiere horas de diálogo, acompañamiento técnico y vigilancia ciudadana. Como periodista y vecino, lo que queda claro es que la discusión debe salir de los despachos y aterrizar en los hogares: el agua determina si hay comida en la mesa, salud y posibilidades para las nuevas generaciones. La ley que se discuta mañana debe responder a eso, y no al interés exclusivo de proyectos ajenos a la vida cotidiana del Istmo.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
