Concejales de Quetu cobran en IEEPO y mantienen plazas lejanas
Documentos y testimonios sitúan a algunos ediles con nóminas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca mientras “dobletean” en el Ayuntamiento juchiteco
En el corazón del Istmo, habitantes de Juchitán y comunidades aledañas observan con desconcierto que varios integrantes del concejo municipal de Quetu aparecen también en la nómina del IEEPO. Según la investigación publicada por El Imparcial de Oaxaca, algunos de esos servidores públicos mantienen plazas registradas en localidades tan distantes como Tlaxiaco o Salina Cruz, lo que plantea dudas sobre compatibilidades laborales y transparencia.
La situación, descrita por vecinos y corroborada con documentos consultados por El Imparcial de Oaxaca, tiene un impacto directo en la percepción ciudadana: cuando quienes toman decisiones locales perciben remuneración de otra instancia pública, surge la pregunta de cómo se reparte su tiempo y a quién rinden cuentas. Para muchas familias, la política no es una abstracción; es la diferencia entre que una obra llegue a tiempo o que un servicio público funcione.
¿Cómo ocurre el cruce de percepciones? En casos similares, el mecanismo puede implicar permisos, comisiones sindicales, o la conservación de la plaza burocrática mientras se ocupa un cargo de representación popular. El hecho de que las plazas estén registradas a nombre del IEEPO complica el panorama porque ese instituto administra plazas docentes y administrativas en todo el estado.
No obstante, la existencia de un registro no prueba por sí sola ilegalidad. Lo que sí exige la situación es claridad: el ayuntamiento debe explicar horarios y actividades, el IEEPO debe transparentar quiénes cobran y bajo qué condición, y las autoridades de fiscalización estatal tienen la responsabilidad de verificar que no haya duplicidad indebida de percepciones.
Habitantes consultados expresan molestia y piden que las autoridades actúen con rapidez. “Si cobras por dos lados, explícanos cómo cumples”, dijo una vecina que prefirió no dar su nombre; su comentario ilustra el agotamiento ciudadano ante prácticas que erosionan la confianza. Desde una perspectiva social, la falta de información alimenta la especulación y reduce la capacidad de la comunidad para participar con criterio en la vida pública.
En términos prácticos, la solución pasa por tres pasos: mayor transparencia en las nóminas, auditorías públicas y mecanismos claros para resolver incompatibilidades laborales. Proponer cambios no es sólo señalar problemas; es abrir la puerta a una administración más eficiente y justa, donde los recursos se usen para servicios y no para alimentar dudas.
El Imparcial de Oaxaca aporta documentos que abren la investigación. Corresponde ahora a las instancias competentes —el IEEPO, el Ayuntamiento de Juchitán y los órganos de control— aclarar la situación y, de ser necesario, corregirla. La ciudadanía tiene derecho a saber quién recibe qué, por qué y cómo afecta eso a la gestión local.
Si la política pretende ser un servicio, la primera obligación es la claridad. Mantener plazas lejanas mientras se ejerce un cargo municipal puede ser legal en determinados marcos, pero sin explicaciones se vuelve una rendija por donde entra la desconfianza. La respuesta institucional dirá si se trata de un ajuste administrativo o de una práctica que urge corregir.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
