Familia de Alejandro Leyva exige citar al dueño del auto y teme impunidad
A tres semanas de identificar al propietario del vehículo, la Fiscalía General de la República no ha informado si ya lo citó a declarar por el crimen, según reportó El Imparcial de Oaxaca.
La familia de Alejandro Leyva vuelve a levantar la voz. Tras el avance clave que, según El Imparcial de Oaxaca, permitió identificar al dueño del automóvil vinculado al caso hace ya tres semanas, los familiares reclaman a la Fiscalía General de la República (FGR) que aclare si esa persona fue convocada a rendir declaración y qué pasos siguientes contempla la investigación.
“Queremos respuestas claras y tiempos”, dijeron los allegados a El Imparcial de Oaxaca, que alertan sobre el riesgo de que la investigación quede estancada y se convierta en otro expediente más sin responsables. Para ellos, cada día sin información es también un golpe al derecho a la justicia y a la memoria de Alejandro.
La FGR, como instancia federal encargada de investigar los delitos de mayor impacto, tiene la obligación de transparentar las fases sustantivas del caso —identificación de testigos, citaciones, análisis periciales— sin poner en riesgo la indagatoria. Sin embargo, la ausencia de comunicación concreta sobre si el dueño del vehículo fue citado ha encendido la preocupación pública y familiar.
En términos prácticos, la citación a declarar es un paso central: permite contrastar versiones, fijar responsabilidades y, si procede, generar órdenes de conducción o medidas cautelares. Si ese paso no se ha dado, especialistas consultados en otros casos similares señalan que puede prolongarse la investigación sin avances contundentes y aumentar la posibilidad de impunidad.
La demanda de la familia va más allá de un reclamo emocional: piden reglas claras de transparencia. Quieren saber qué evidencias relacionan al propietario del auto con el hecho, si hubo medidas periciales sobre el vehículo, y qué plazos maneja la FGR para producir resultados verificables.
Esta situación también reabre el debate sobre la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando una indagatoria se percibe opaca, la comunidad pierde la sensación de protección y las familias pierden la esperanza de reparación. Por eso, organizaciones civiles y defensores de derechos podrían solicitar supervisión y acompañamiento para garantizar que la investigación no se diluya.
Mientras tanto, la familia de Alejandro exige respuestas concretas y propone, según refirió El Imparcial de Oaxaca, que la Fiscalía informe públicamente los pasos cumplidos y los pendientes, sin afectar la reserva operativa si así se requiere. Piden además que se priorice la atención integral a los deudos, desde apoyo legal hasta asistencia psicológica.
La pregunta que queda en el aire y que la sociedad espera ver respondida es simple: si ya se sabe quién es el dueño del vehículo, ¿por qué no se conoce si fue citado y qué reveló? La respuesta de la FGR marcará si la investigación avanza con transparencia o si la familia y la comunidad seguirán caminando sobre la sombra de la impunidad.
Seguiremos dando seguimiento al caso y a las respuestas de la Fiscalía.
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