Apuñalamientos y desapariciones dejan en evidencia la crisis feminicida en Morelos
En pocos meses, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha sufrido una cadena de violencia que no puede verse como hechos aislados. Entre marzo y junio de 2025, tres estudiantes desaparecieron y fueron halladas muertas; a esa lista se sumó otra alumna en abril de 2025, y más tarde la española Claudia Tacoronte fue víctima de un apuñalamiento. Estas muertes y agresiones, denunciadas en comunicados y por colectivos feministas, obligan a mirar los fallos institucionales que permiten que la violencia contra las mujeres escale hasta lo mortal.
Según reportes públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la propia UAEM, las carpetas de investigación se activaron tras cada denuncia, pero familiares y agrupaciones locales cuestionan la lentitud en las búsquedas, la falta de protocolos sensibles al género y la escasa comunicación con las víctimas y sus redes. Para colectivos feministas consultados, la repetición de desapariciones seguidas de hallazgos sin vida señala una falla sistémica: prevención insuficiente, medidas de protección débiles y una respuesta judicial que no disuade a los agresores.
Detrás de cada dato hay personas: madres que piden respuestas, compañeras que exigen seguridad en el campus y estudiantes que ya no se sienten seguras al entrar o salir de las aulas. La sensación, dicen familiares en declaraciones públicas, es que la universidad y las autoridades actúan reaccionando en vez de prevenir. Esa brecha se traduce en recorridos inseguros por calles que deberían ser transitables, en demasiadas noches de angustia esperando noticias y en pérdida de confianza en las instituciones.
¿Qué piden las familias y los colectivos? Protocolos claros de búsqueda inmediata, acceso a información transparente sobre las investigaciones, cámaras y alumbrado en zonas vulnerables, acompañamiento psicológico y legal, y medidas educativas en prevención de la violencia. La UAEM ha anunciado mesas de trabajo y la Fiscalía señala avances en algunas indagatorias, pero activistas insisten en la necesidad de medidas estructurales: alertas tempranas, coordinación interinstitucional y presupuesto para políticas de género.
En términos de política pública, la crisis exige dos frentes: investigación y prevención. Investigar hasta el final cada caso, con perspectiva de género y sanciones efectivas; y prevenir mediante educación en igualdad, protocolos en instituciones educativas y programas de acompañamiento que reduzcan la vulnerabilidad de las estudiantes. Países y estados que han mejorado indicadores lo hicieron combinando justicia eficaz con políticas comunitarias sostenidas.
La responsabilidad es compartida: las autoridades —la Fiscalía General del Estado de Morelos y la UAEM— deben rendir cuentas y mejorar su respuesta; la sociedad debe demandar cambios y sostener redes de apoyo. No se trata solo de cifras: se trata de vidas que reclaman justicia y de campus donde las jóvenes puedan estudiar sin miedo.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Morelos; Universidad Autónoma del Estado de Morelos; colectivos feministas y declaraciones públicas de familiares afectadas.
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