Culiacán se moviliza por la paz a dos años del repunte de violencia
Convocada por más de 30 organizaciones civiles, la marcha reunió —según los organizadores— a unas 50 mil personas; la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó 10 homicidios en tres municipios el sábado.
Culiacán, Sinaloa. — Las principales avenidas del centro se convirtieron en un río humano que reclamó seguridad y justicia. La movilización, organizada por más de 30 colectivos y asociaciones ciudadanas, provocó un lleno que los propios convocantes estimaron en alrededor de 50 mil personas, según dijeron a la prensa.
La protesta llega en un momento tenso: a dos años del repunte de violencia que marcó a la entidad, familias, estudiantes y trabajadores salieron a las calles para exigir acciones concretas y el fin de la impunidad. Entre consignas, carteles y testimonios, la exigencia fue clara: más investigación de los crímenes, atención a las víctimas y políticas públicas que ataquen las causas sociales de la violencia.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el sábado se registraron 10 homicidios en tres municipios del estado, un recordatorio crudo de la inseguridad que motivó la convocatoria. Las organizaciones convocantes vinculaban esa cifra a la urgencia de la movilización y pidieron al gobierno estatal y federal respuestas verificables, no sólo promesas.
“No queremos vivir con miedo”, dijo una de las participantes, y su frase resumió el ánimo de quienes marcharon. Madres que colocaron fotografías de víctimas, jóvenes que exigieron oportunidades educativas y activistas por los derechos humanos caminaron juntos durante varias horas. Para muchos, la protesta fue también una forma de apoyo mutuo: reconstruir la confianza social entre quienes han sido golpeados por la violencia.
Organizadores y participantes propusieron medidas concretas: fortalecer las fiscalías locales, garantizar protección y reparación a las víctimas, invertir en prevención —educación, cultura y empleo— y abrir canales de participación ciudadana permanentes. “La seguridad no se logra sólo con más patrullas; hace falta programa social, investigación y justicia”, señaló uno de los representantes del colectivo promotor.
La movilización tuvo un tono crítico pero también constructivo. Además de exigir rendición de cuentas, los colectivos ofrecieron fórmulas de colaboración con autoridades para diseñar políticas de prevención. Analistas consultados por el movimiento recuerdan que dos años atrás el repunte de violencia mostró las deficiencias institucionales: investigaciones lentas, déficit en atención a víctimas y falta de políticas públicas sostenibles.
Hasta el cierre de la jornada, las autoridades locales no habían dado una cifra oficial del número de asistentes a la marcha. La Fiscalía, por su parte, permaneció como referencia obligada para contabilizar la violencia del fin de semana.
La convocatoria deja sobre la mesa una pregunta sencilla y urgente: ¿qué pasará después de la marcha? Para los organizadores, esto no es un acto aislado, sino el inicio de un proceso ciudadano que combine denuncia, propuestas y vigilancia ciudadana para obligar a las instituciones a cumplir. Esa apuesta por la participación y la búsqueda de soluciones —más prevención, mejores investigaciones y políticas sociales— fue la nota que muchos asistentes dijeron querer convertir en cauce permanente.
Reportó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y las organizaciones convocantes para esta crónica, que busca dar voz a quienes exigen vivir sin miedo y empujar políticas públicas de justicia y bienestar.
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