Sheinbaum propone regular la inteligencia artificial para evitar daños
La presidenta planteó al Congreso abrir el debate tras cerrar el paquete económico; expertos y organismos internacionales piden reglas claras sobre transparencia, datos y empleo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó ayer que la inteligencia artificial «tiene que, de alguna manera, regularse», y propuso que el Congreso inicie una discusión formal sobre el tema una vez que se cierre el debate del paquete económico y otras iniciativas en curso, según un comunicado de la Presidencia.
La advertencia llega en un momento en que modelos y sistemas automatizados se integran a servicios públicos y privados: desde filtros de contenido en redes hasta diagnósticos médicos asistidos por algoritmos. Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y la UNESCO han señalado la necesidad de marcos que protejan derechos, eviten sesgos y garanticen transparencia.
¿Qué está en juego para la gente? Para una persona que busca trabajo, una legislación puede exigir que las empresas expliquen por qué un algoritmo rechazó su solicitud. Para pacientes, un marco claro puede imponer auditorías a sistemas que sugieren tratamientos. Para usuarios, significa límites sobre el uso de datos personales y remedios cuando una decisión automatizada cause daño. En términos prácticos, regular la IA no es solo técnica: es proteger el bolsillo, la salud y la privacidad de la ciudadanía.
En Europa, la apuesta ha sido el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que establece obligaciones según el riesgo que representen las aplicaciones. En México, voces como el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, han insistido en reforzar la protección de datos y promover algoritmos explicables. La Presidencia mencionó la posibilidad de aprovechar experiencias internacionales, según el mismo comunicado.
Expertos consultados por este medio coinciden en que una regulación efectiva debe combinar tres ejes: obligaciones de transparencia y evaluación de riesgos; mecanismos de fiscalización y sanción; y políticas públicas de capacitación y empleo para quienes enfrenten desplazamientos laborales. La OCDE también recomienda procesos participativos donde sociedad civil, sindicatos y academia contribuyan.
El llamado de Sheinbaum abre una ventana política: el Congreso puede retomar la agenda tecnológica después del paquete económico. Pero abrir la discusión no basta; se requiere tiempo, consultas públicas y recursos para supervisar el cumplimiento. Si se hace bien, la regulación puede ser una herramienta de justicia social: controlar a quienes lucran con datos y asegurar que la tecnología sirva a la mayoría, no al revés.
La ciudadanía tiene un papel: participar en foros, exigir transparencia y preguntar a sus representantes cómo se protegerán empleos y derechos. Como recuerda la UNESCO, las leyes deben colocar a las personas en el centro de la tecnología. La Presidencia y el Legislativo tienen ahora la oportunidad de convertir esa advertencia en normas que realmente protejan a la población.
Fuente: Presidencia de la República; OCDE; UNESCO; Instituto Nacional de Transparencia, INAI.
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