Denuncian instrumentalización de la Instancia Infantil «El Rey León»; la escuela de Zimatlán asegura programas vigentes
Padres de familia y actores comunitarios denunciaron que la Instancia Infantil El Rey León está siendo utilizada como objeto móvil para favorecer intereses personales, una práctica que aseguran afecta la calidad y continuidad de los servicios para niñas y niños. Según El Imparcial de Oaxaca, las quejas apuntan a decisiones administrativas tomadas sin consulta y a entregas de recursos opacas.
Desde la comunidad señalan que la Instancia funciona como espacio clave de cuidado y estimulación para familias con recursos limitados, por lo que cualquier uso partidista o clientelar tiene impacto directo en la vida cotidiana: pérdida de horarios, interrupción de talleres, incertidumbre sobre plazas de cuidado y la posible desconfianza entre las madres y padres que dependen del servicio.
En respuesta, autoridades de la escuela en Zimatlán defendieron la institucionalidad del centro y aseguraron que los programas educativos y de atención están “vigentes y actualizados”. Voceros consultados dijeron a El Imparcial de Oaxaca que se siguen los lineamientos estatales y que hay constancia de actividades pedagógicas y de nutrición en curso.
El contraste entre la denuncia social y la versión oficial plantea varias interrogantes: ¿quién administra realmente los recursos y con qué criterios se toman las decisiones? ¿Qué mecanismos de transparencia y participación ciudadana existen para las instancias infantiles en la región? Para las familias, los procedimientos no son abstractos: significan la diferencia entre un cuidado confiable y la angustia de no saber si habrá cupo al inicio del ciclo escolar.
Organizaciones civiles y vecinos piden una auditoría clara y la activación de mesas de trabajo con representación de madres, padres, personal pedagógico y autoridades municipales y estatales. Proponen además la publicación periódica de informes de gestión y la creación de un consejo comunitario que supervise la operación y garantice que los recursos se usen en beneficio de la infancia.
La situación exige respuestas públicas, datos verificables y participación ciudadana. Como planteó una madre entrevistada, “no queremos que los niños sean moneda de cambio; queremos transparencia y continuidad en su cuidado”. El llamado, en resumen, es a que las instituciones demuestren con documentos y acciones que los programas son realmente vigentes y que la Instancia Infantil cumple su función social, sin servir a intereses personales.
El Imparcial de Oaxaca documentó las versiones encontradas; ahora corresponde a las autoridades locales abrir espacios de diálogo y a la sociedad vigilar que las medidas propuestas se traduzcan en resultados reales para la infancia.
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