Cómo la inseguridad se volvió negocio: quién gana con el miedo en México

La rentabilidad del miedo es una investigación que abre una pregunta: ¿a quién le sirve realmente el dinero que se destina a combatir la violencia? Lo que parecía destinado a proteger a la gente, en muchos casos termina alimentando negocios, redes de intermediarios y contratos opacos. Aquí explicamos por qué y qué cambia esto en la vida cotidiana.

En los últimos años, gobiernos estatales y municipales han destinado recursos crecientes a seguridad pública y obra vinculada con la prevención. Pero, como documenta la investigación La rentabilidad del miedo, buena parte de esos recursos no llega de manera efectiva a las policías o a programas comunitarios; se queda en contratistas privados, empresas de vigilancia y obras de infraestructura cuyos beneficios son difíciles de trazar.

María, vecina de una colonia de la Ciudad de México, paga extra por un sistema de cámaras y guardias privados porque no confía en la policía local. “La inseguridad nos cuesta dos veces: primero por lo que nos quitan y después por lo que tenemos que pagar para sentirnos seguros”, dice. Su experiencia refleja un patrón: cuando el Estado no ofrece seguridad clara y confiable, el mercado cubre el vacío y aparecen oportunidades de negocio.

La Auditoría Superior de la Federación y organismos como el Instituto Nacional de Transparencia han señalado problemas recurrentes en adjudicaciones, falta de padrones públicos y contratos sin competencia clara. La investigación La rentabilidad del miedo recoge casos donde contratos para cámaras, alarmas y consultorías terminan en manos de redes empresariales que repiten en distintas administraciones. Esto no es sólo un tema técnico: afecta el bolsillo y la confianza de la gente.

No todo es negro. Hay esfuerzos comunitarios, policías locales que sí trabajan con transparencia y programas de prevención con impacto medible. Pero la falta de datos accesibles y la fragmentación de responsabilidades hacen difícil replicar lo que funciona y sancionar lo que no.

Si la inseguridad es negocio, la respuesta exige tres cosas concretas: transparencia real en contratos y licitaciones; auditorías ciudadanas apoyadas por instituciones como la Auditoría Superior de la Federación; y fortalecer la prevención social en lugar de depender sólo de tecnología y gasto emergente. Así lo plantea, con datos y ejemplos, La rentabilidad del miedo.

La política pública en seguridad no es una abstracta discusión técnica. Es urbanizar mejor, invertir en educación y prevención, y auditar cómo se gastan los recursos. Para los ciudadanos el reto es claro: exigir cuentas y participar en decisiones locales. La inseguridad seguirá siendo rentable mientras siga siendo opaca.

Fuentes: investigación La rentabilidad del miedo, Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional de Transparencia, testimonios ciudadanos.

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