Rocha Moya se declara inocente y desafía citatorio de la FGR
La Fiscalía citó a declarar a 10 personas acusadas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por nexos con el Cártel de Sinaloa, según reportes de La Jornada
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones que motivaron un citatorio de la Fiscalía General de la República y sostuvo que es inocente mientras la investigación avanza. La FGR confirmó que llamó a declarar a 10 personas vinculadas en una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, según información recogida por La Jornada.
En su intervención pública, Rocha pidió que se aclare la situación con rapidez y transparencia. Señaló que colaborará con las autoridades mexicanas, sin embargo advirtió sobre el impacto político que estas indagatorias pueden tener en la gobernabilidad del estado y en la percepción ciudadana sobre la seguridad.
El caso involucra una querella en Estados Unidos que, de acuerdo con la Fiscalía, menciona a varias personas por supuestos vínculos con la organización delictiva. La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses será clave para definir jurisdicciones y responsabilidades. Para muchas familias en Sinaloa, esto significa la posibilidad de más investigaciones y, en algunos casos, la apertura de procesos judiciales que pueden tardar años.
Desde la sociedad civil, organizaciones y ciudadanos piden que las pesquisas respeten el debido proceso y eviten convertirse en instrumentos de persecución política. También exigen que, si existen pruebas contra servidores públicos, se actúe con firmeza para recuperar la confianza en las instituciones.
La situación plantea preguntas prácticas para la vida cotidiana: ¿cómo afectará esto la inversión y el empleo en el estado? ¿Quedará paralizada la gestión pública por censos mediáticos y procesos legales? Expertos consultados por La Jornada señalan que las repercusiones dependen de la claridad con que la FGR y el gobierno estatal comuniquen avances y medidas.
En el plano institucional, el enfrentamiento de versiones entre una corte extranjera y acciones de la Fiscalía mexicana llama a estrechar mecanismos de cooperación judicial. Para los ciudadanos, la prioridad es la seguridad y la certeza de que las investigaciones no se usarán para desviar recursos ni para obstaculizar políticas públicas orientadas al bienestar.
Lo que sigue es un proceso que exigirá pruebas, diligencias y, sobre todo, comunicación efectiva. La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de transparentar sus actuaciones y el gobierno estatal de facilitar el acceso a la verdad. Mientras tanto, Rocha Moya mantiene su postura de inocencia y desafía al citatorio, con la promesa de atender las indagatorias.
Esta nota se basa en el comunicado de la Fiscalía General de la República y en reportes de La Jornada sobre el tema.
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