Denuncian opacidad y presunto despojo en proyecto Parque Oaxaca
Inversión de 6 mil millones de pesos, vecinos exigen claridad sobre uso del espacio público y zonas federales
Vecinos de la zona cercana al llamado Parque Oaxaca denuncian una red de secretismo alrededor del proyecto, que según diversas versiones involucra una inversión de 6 mil millones de pesos. La queja principal es clara: el dinero público no puede convertirse en una vía para apropiarse de áreas que históricamente han sido de uso comunitario.
Habitantes consultados por este medio aseguran que las obras avanzan con contratos y permisos que no se han transparentado. «Nos dicen que es para embellecer la ciudad, pero nadie nos muestra los convenios ni los permisos», dice una vecina que pidió mantener su nombre. Documentos que circulan entre las colonias apuntan a adjudicaciones directas y cláusulas que limitan el acceso público en tramos del parque.
En el centro del conflicto están las denominadas zonas federales: riberas, cauces y franjas que según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Dirección General de Bienes Nacionales corresponden al dominio público federal. Vecinos y especialistas consultados advierten que modificar, ceder o privatizar esos espacios requiere trámites y autorizaciones explícitas que hasta ahora no han sido mostrados a la ciudadanía.
Funcionarios municipales consultados informalmente reconocen la existencia de un «proyecto integral», pero no han entregado la documentación técnica ni los contratos completos. La falta de respuesta oficial alimenta la sospecha de irregularidades y convierte al parque en un escenario de tensión entre autoridades, desarrolladores y comunidades.
El impacto es tangible: áreas de esparcimiento de siempre aparecen cercadas o con acceso restringido, asociaciones civiles locales reportan pérdida de árboles y cambios en el uso del suelo sin consulta previa. Para muchas familias, el parque no es un proyecto arquitectónico, es el patio donde juegan los niños y se organiza la vida vecinal.
Ante este panorama, organizaciones ciudadanas piden medidas concretas: publicación de contratos, consulta pública vinculante, supervisión de CONAGUA y Bienes Nacionales, y auditorías externas que verifiquen el destino real de los recursos. Expertos en urbanismo consultados por este medio insisten en que la transparencia no es solo un requisito legal, sino la única garantía para que una inversión de este tamaño realmente beneficie a la comunidad.
La situación exige un diálogo abierto. Si las autoridades quieren legitimar el proyecto, deben abrir los expedientes, permitir la participación vecinal y garantizar que las zonas federales se protejan conforme a la ley. De lo contrario, el riesgo será que una inversión millonaria deje tras de sí un espacio público menos accesible y una confianza ciudadana aún más deteriorada.
Fuentes: testimonios de vecinos, documentos circulantes entre colonias, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Dirección General de Bienes Nacionales, además de entrevistas con especialistas en urbanismo consultados por este medio.
Este reportaje busca abrir la conversación: la ciudad se construye con información y participación, no con puertas cerradas.
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