Inzunza insiste en quedarse en Sinaloa y promete atender cualquier requerimiento de la justicia
El senador morenista Inzunza rechazó entregarse a autoridades extranjeras y aseguró que permanecerá en Sinaloa, pese a señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico formulados por autoridades de Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Atenderé cualquier requerimiento de la justicia”, dijo el legislador, al tiempo que negó que vaya a ponerse a disposición de autoridades foráneas de forma voluntaria.
Los señalamientos en contra del senador apuntan, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a supuestas relaciones con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de recursos. Ese señalamiento abre la posibilidad de solicitudes de colaboración jurídica internacional, como la petición de extradición, aunque para que un legislador mexicano sea detenido y procesado en México primero tendría que levantarse su fuero mediante el procedimiento que marca la Constitución y la legislación penal.
Hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha hecho público ningún oficio de aprehensión ni ha confirmado la recepción de una solicitud formal de extradición relacionada con el caso, según fuentes oficiales consultadas por este diario. En el terreno político, la noticia ha desatado inquietud entre ciudadanos y demandas de transparencia: opositores exigen explicaciones claras y Morena ha pedido prudencia mientras se verifican hechos.
La permanencia de Inzunza en Sinaloa, explicó en su intervención, obedece a la necesidad de mantener contacto con su base social y de atender asuntos locales, desde seguridad hasta servicios públicos que afectan la vida cotidiana de la población. Para expertos en derecho internacional consultados por este periódico, el proceso que seguiría cualquier petición de Estados Unidos implica tiempo, pruebas y colaboración entre fiscalías; no es automático ni inmediato.
El caso plantea preguntas sobre la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones mexicanas para atender solicitudes internacionales sin que se politice el proceso. Ciudadanos en municipios de Sinaloa consultados comentan que, más allá de la polémica, esperan que las autoridades actúen con transparencia y que se proteja el estado de derecho, tanto para quienes son señalados como para las víctimas de la violencia y la corrupción.
Mientras tanto, el senador Inzunza mantuvo su posición pública: seguirá en Sinaloa y, aseguró, colaborará con la justicia si así se lo requieren las autoridades competentes.
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