Un mes después del abatimiento de “El Mencho”: ¿golpe histórico o cambio de escenario?
El impacto real sobre el CJNG sigue en duda; el abatimiento mostró redes financieras y fracturas internas, pero no eliminó la capacidad criminal
Hace un mes que las autoridades anunciaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para muchas personas fue un alivio simbólico; para otras, apenas una noticia más en una larga lista de titulares sobre violencia. Según reportes y el seguimiento de El Imparcial de Oaxaca, el operativo que lo abatió dejó al descubierto entramados financieros, disputas internas por el poder y preguntas sin respuesta sobre la capacidad real del Estado para contener al crimen organizado.
El impacto inmediato fue tangible: investigaciones revelaron transferencias, bienes y posibles prestanombres vinculados al grupo. Fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca señalan que la inteligencia dejó pistas sobre cómo el cártel movía dinero y cómo se articulaba con redes locales. Sin embargo, eso no equivale a una desarticulación completa. La experiencia histórica muestra que cuando cae un líder fuerte, aparecen vacíos que pueden provocar tanto pacificación como estallidos de violencia.
En las calles y mercados de Jalisco, Michoacán y zonas donde el CJNG tiene influencia, vecinos cuentan que la inseguridad persiste. Comerciantes y transportistas reportan extorsiones que se han adaptado: a veces cobran por rutas específicas, otras veces imponen “derecho de piso” a través de intermediarios. En áreas rurales, el control territorial se reconfigura con células menores, alianzas temporales y la llegada de nuevos operadores que buscan capitalizar la ausencia de un mando central.
Desde la perspectiva institucional, el golpe ofrece elementos útiles: pruebas para perseguir el lavado de dinero, pistas para congelar activos y argumentos para reforzar cooperación internacional. Pero también expone limitaciones: investigaciones que tardan años, capacidad judicial insuficiente y la necesidad de protección real para testigos y denunciantes. En suma, avanzar contra la impunidad requiere más que operativos espectaculares; necesita investigación financiera sostenida y reformas en el sistema de justicia.
La estrategia de seguridad del país enfrenta ahora dos caminos: intentar fragmentar y perseguir a los remanentes con acciones coordinadas, o dejar que la disputa por el poder derive en violencia que afecte a comunidades enteras. La ruta intermedia, la más viable y la que urge promover, combina inteligencia policial con políticas públicas: inversión en desarrollo local, empleo, salud mental y programas de justicia restaurativa que debiliten el caldo de cultivo del reclutamiento criminal.
Organizaciones sociales y expertos consultados por El Imparcial de Oaxaca insisten en que la ciudadanía debe mantenerse vigilante y participar en iniciativas de prevención. La seguridad no se asegura solo con la fuerza; también con escuelas dignas, oportunidades laborales y una fiscalía eficaz que persiga financiamiento y no solo figuras públicas.
Un mes después, la muerte de “El Mencho” es, sin duda, un suceso histórico. Pero no garantiza la pacificación. Para evitar que el país retroceda en ganancias concretas para la seguridad, hacen falta políticas de largo plazo, transparencia en las investigaciones y un compromiso real con la reconstrucción social en las zonas golpeadas por el crimen. Ese es el desafío que queda sobre la mesa para el gobierno —y para la sociedad— en las próximas semanas.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial