Oaxaca suma 20 menores muertos por violencia en 2025 y exige respuestas
Oaxaca vive una crisis silenciosa. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, durante 2025 al menos 20 menores perdieron la vida en hechos relacionados con la violencia. En el plano nacional, cifras federales sitúan en 754 el número de menores fallecidos por violencia en el mismo periodo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las víctimas en Oaxaca provienen de varias regiones del estado, desde zonas urbanas hasta comunidades rurales, lo que muestra que la violencia no respeta edad ni territorio. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que las carpetas de investigación están abiertas, aunque familiares y organizaciones civiles denuncian demoras y falta de esclarecimiento en muchos casos.
Detrás de cada número hay hogares que quedaron rotos, escuelas que tratan de recomponer la normalidad y comunidades que piden protección. En entrevistas con madres y vecinos, recogidas por este medio, se repite la misma petición: mayor presencia institucional que no solo responda después del daño, sino que evite que ocurra.
¿Qué está fallando? Expertos consultados por El Imparcial de Oaxaca y organizaciones sociales señalan factores combinados: impunidad persistente, acceso fácil a armas, disputa de grupos delictivos en municipios con escasos programas sociales, y la falta de políticas públicas preventivas enfocadas en juventud y educación. La cifra nacional de 754 menores muertos obliga a mirar el problema como una emergencia de seguridad y de derechos humanos.
La respuesta no puede ser solo policial. Ciudadanos, autoridades estatales y federales, y sociedad civil deben coordinarse para priorizar prevención: fortalecer escuelas, ampliar programas de becas y empleo para jóvenes, ofrecer atención psicosocial a familias afectadas y mejorar la investigación y persecución de delitos que involucran a menores. Iniciativas locales de prevención comunitaria y cultura preventiva han mostrado avances modestos que conviene escalar y evaluar, según organizaciones locales citadas en El Imparcial de Oaxaca.
Mientras tanto, las demandas de justicia y memoria siguen vigentes. Las familias piden que cada caso se investigue con rigor y transparencia y que el Estado reconozca el impacto profundo de estas pérdidas en la vida cotidiana. Como periodista, veo urgente transformar la indignación en políticas concretas que protejan a la infancia.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
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