Vicefiscal de Sinaloa se ausenta tras acusaciones de vínculo con Los Chapitos
El vicefiscal Dámaso Castro solicitó una licencia temporal al cargo luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara por presuntamente proporcionar información a líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como «Los Chapitos» a cambio de 200 mil pesos mensuales. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la ausencia del funcionario y dijo que se abrirá un proceso administrativo.
Según la información que maneja el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación forma parte de una indagatoria más amplia sobre filtraciones y protección a redes criminales. En México, la noticia generó tensión política y un reclamo ciudadano sobre la necesidad de limpiar las instituciones encargadas de la seguridad.
Fuentes oficiales consultadas por este periódico indican que la licencia se presentó tras una reunión entre el vicefiscal y el gobernador Rubén Rocha Moya. La Fiscalía, según su versión, aseguró que la ausencia de Castro busca facilitar las investigaciones internas sin afectar el funcionamiento de las áreas operativas.
Para la ciudadanía, el caso no es abstracto: cuando la confianza en quien investiga delitos se rompe, las investigaciones se vuelven más frágiles y la impunidad encuentra espacios para crecer. Familias que exigen justicia y comunidades que viven con violencia necesitan respuestas claras y procesos transparentes, no silencios ni movimientos de escritorio.
Especialistas en seguridad consultados por este medio recuerdan que existe la posibilidad de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses en casos que cruzan fronteras. La Fiscalía General de la República podría intervenir o coordinar para garantizar que la investigación avance con independencia y eficacia.
Este incidente plantea preguntas urgentes: ¿quién filtró información y con qué alcance? ¿Qué controles existen dentro de la Fiscalía para prevenir conflictos de interés? ¿Habrá sanciones administrativas y, en su caso, penales? Las respuestas deben llegar rápido y ser públicas.
En un país donde las instituciones a veces parecen puertas giratorias, la transparencia y la participación ciudadana son herramientas para recuperar la confianza. Es necesario que las autoridades expliquen cada paso del proceso, que permitan auditorías independientes y que la sociedad civil esté informada y vigilante.
El caso de Dámaso Castro será, en los próximos días, una prueba para el gobierno de Rubén Rocha Moya y para la Fiscalía General del Estado de Sinaloa: demostrar que las investigaciones internas no se quedan en gestos simbólicos y que la ley aplica por igual, sin privilegios. Las familias afectadas y la comunidad merecen respuestas verídicas y acciones concretas.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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