Uabjo defiende su marco legal ante disputa en la facultad de derecho y ciencias sociales
La casa de estudios llama al diálogo y a apegarse a los estatutos tras la salida de la dirección.
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) informó a su comunidad que el conflicto interno en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se originó por la conclusión del periodo de la dirección anterior y la ausencia de un proceso formal para designar a la nueva titularidad, según un comunicado de la propia universidad.
En el escrito, la UABJO subraya que sus órganos colegiados y normativas internas son la vía para resolver la vacancia y evitar actuaciones fuera del marco legal. La autoridad universitaria reclamó respeto a los procedimientos establecidos y pidió a estudiantes, académicos y personal administrativo mantener la comunicación institucional antes de emprender medidas que puedan afectar el desarrollo académico.
Estudiantes y docentes consultados por este medio señalaron preocupación por la incertidumbre: algunos reportaron interrupciones parciales en actividades y clases, mientras otros demandan procesos más transparentes para la elección o encargo de la dirección. “Queremos claridad y que se respeten los estatutos”, expresó una profesora en términos generales sobre la situación.
La UABJO convocó a las instancias competentes a priorizar el diálogo y acelerar los trámites conducentes al nombramiento responsable, con apego a la legislación universitaria. La universidad argumenta que la institucionalidad no está en riesgo si los procedimientos se aplican con transparencia y participación.
Para la comunidad, la disputa tiene un impacto cotidiano: la organización de exámenes, prácticas y proyectos de titulación depende de la estabilidad administrativa. Por eso, expertos en gestión educativa recuerdan que los cambios de mando requieren cronogramas claros y comunicación anticipada para no dejar “al alumnado en espera”.
En tono constructivo, la UABJO propuso abrir espacios de diálogo con representantes estudiantiles y académicos para construir una salida acordada. El comunicado —fuente principal de esta nota— insiste en que cualquier solución debe guardar la legalidad y proteger el derecho a la educación.
Queda en manos de las autoridades universitarias y de la propia comunidad alcanzar un acuerdo que permita retomar la normalidad académica sin vulnerar normas ni excluir voces. La petición recurrente es sencilla: procesos claros, participación y responsabilidad institucional para que la facultad vuelva a ser un espacio de enseñanza y debate, no de incertidumbre.
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