Socia de Páez Varela alquiló a Cravioto un depa en Polanco por menos de la mitad del precio de mercado
El secretario de Gobierno, César Cravioto, confirmó que pagaba 20 mil pesos mensuales —mantenimiento incluido— por un departamento en Polanco que en portales inmobiliarios aparece ofertado por más de 40 mil pesos.
El contraste entre lo declarado por el funcionario y los precios públicos del inmueble encendió una nueva discusión sobre privilegios y transparencia en la Ciudad de México. César Cravioto reconoció ante la prensa que su renta mensual era de 20 mil pesos con mantenimiento, mientras que anuncios del mismo departamento en portales como Inmuebles24 y Vivanuncios consultados muestran rentas superiores a 40 mil pesos.
La propiedad, según las fuentes consultadas para esta nota, está vinculada a la socia de Páez Varela, figura que ha aparecido en registros empresariales y en el entorno político de la capital. Esa relación obliga a preguntar si se trató de un acuerdo entre conocidas o de un trato especial que favoreció a un funcionario público.
Polanco es una de las colonias más cotizadas de la ciudad: la ubicación, seguridad y oferta de servicios influyen en que departamentos similares suelen cotizar por encima de la media. Que un secretario de Gobierno habite un inmueble por una cifra sensiblemente menor a la que marca el mercado despierta dudas sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de reglas claras para la convivencia entre lo público y lo privado.
Organizaciones civiles y actores políticos han exigido en ocasiones transparencia sobre los inmuebles ocupados por servidores públicos y los contratos que los ligan a particulares. En este caso, la ciudadanía tiene derecho a conocer si existió un contrato formal, las condiciones exactas del arrendamiento y si se cumplió con las obligaciones fiscales correspondientes.
Desde una mirada práctica, la diferencia entre 20 mil y más de 40 mil pesos al mes no es solo un número: implica recursos públicos potencialmente vinculados a decisiones de gobierno y, sobre todo, merece una explicación clara para evitar la percepción de impunidad. Como apuntan expertos en ética pública, los funcionarios deben aplicar la máxima prudencia y transparencia cuando sus decisiones o beneficios puedan relacionarse con personas cercanas o grupos de poder.
Este caso plantea preguntas concretas que correspondería atender en los próximos días: la presentación del contrato de arrendamiento, la verificación del propietario real del inmueble y las razones por las que se pactó ese monto. La respuesta de la socia de Páez Varela y la documentación que puedan aportar las partes serán determinantes para aclarar si se trató de un acuerdo particular o de una anomalía que exige investigación.
El seguimiento de este asunto permitirá evaluar no solo la actuación de quienes ejercen cargos públicos, sino también la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas en la ciudad. Mientras tanto, quedan en el aire explicaciones que la ciudadanía tiene derecho a recibir.
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