Paz de los sepulcros: seguridad aparente que esconde violencia
Por Raúl Nathán Pérez
En Oaxaca se ha construido durante décadas una narrativa cómoda: “una de las entidades más seguras del país”. Esa canción la entonaron administraciones de todos los colores, desde el sexenio de José Murat hasta gobiernos recientes. Sin embargo, la realidad golpea con cifras y tumbas. Según La Jornada, en 2024 los homicidios en la entidad llegaron a mil; El Universal reportó 858 homicidios dolosos y 16 feminicidios en 2025. Esos números obligan a revisar si la paz que pregonan no es, en muchos casos, una paz de los sepulcros: calma superficial que oculta parcelas de violencia.
En el Istmo de Tehuantepec la normalidad empezó a resquebrajarse desde hace años. Empresarios y profesionistas han pedido seguridad; en Juchitán de Zaragoza el tejido social se ha tensionado por extorsión, narcomenudeo y grupos locales armados. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y corporaciones federales han realizado operativos —como el “Sable”, del 22 de junio al 1 de julio de 2025— donde se detuvo a más de 40 personas por narcomenudeo, huachicol y cobro de piso. Pese a ello, las ejecuciones continúan, y entre las víctimas hay incluso menores.
La respuesta oficial ha incluido discursos contundentes y programas visibles. El 15 de abril, el gobernador Salomón Jara presentó en Juchitán el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, con la promesa de atender causas estructurales, recuperar espacios y recuperar la confianza ciudadana. Pero la violencia respondió con rapidez: atentados, incendios de vehículos y ataques contra familias de funcionarios. Esa contracara muestra que el esfuerzo operativo no basta cuando las redes de corrupción, el control de rutas de droga y la economía informal ofrecen rutas de ingreso para jóvenes sin oportunidades.
La dinámica en el terreno mezcla responsabilidades múltiples. Hay bandas locales con sus propios códigos; sindicatos del transporte que, en ocasiones, se confunden con estructuras de poder y extorsión; policías municipales coludidos; y la presencia de grupos externos que aprovechan vacíos. La Fiscalía ha dado golpes; lo problemático es que tras cada detención brota alguien más para ocupar el lugar. Como apunta la crónica local, nuevos rostros replican el mismo ADN de violencia y negocio.
¿Qué hacer? Primero, reconocer que la seguridad no se construye solo con detenciones ni con patrullajes. Hacen falta medidas integrales: inversión sostenida en empleo y educación en comunidades afectadas, fortalecimiento de justicia local y mecanismos reales de control ciudadano sobre policías municipales. Es urgente transparentar contratos y licitaciones para frenar la captura de recursos por operadores que mezclan política y negocios ilícitos. Asimismo, la cooperación federal-estatal debe ser constante y evaluada públicamente; los operativos no deben ser episodios mediáticos, sino parte de una estrategia sostenida.
También es clave empoderar a las comunidades: mesas de diálogo con víctimas, programas de prevención del delito orientados a jóvenes y apoyo a organizaciones civiles que trabajan en atención a familias de desaparecidos y en reconstrucción del tejido social. La ciudadanía debe exigir resultados claros y participar en su vigilancia.
La pax que hoy se exhibe, si existe, es frágil y costosa. No basta con repetir que Oaxaca es segura; los datos de La Jornada y El Universal y los testimonios de istmeños así lo refutan. El reto es grande, pero no imposible: combinar fuerza pública con políticas sociales y transparencia puede transformar la aparente calma en seguridad real y durable. Mientras tanto, en Juchitán y otras comunidades, la gente sigue contando cuerpos y pidiendo que las palabras de paz se traduzcan en hechos.
Contacto: Raúl Nathán Pérez. Fuente: La Jornada, El Universal y reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
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