Rocha responde a acusaciones de EE.UU.: «No tengo miedo» y exige pruebas
El gobernador de Sinaloa rechaza señalamientos de nexos con el crimen organizado y evita respaldar a otros funcionarios implicados, dijo a El Imparcial de Oaxaca
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio ante las recientes señalamientos que han circulado desde Estados Unidos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado. «No tengo miedo», afirmó en declaraciones citadas por El Imparcial de Oaxaca, y retó a quienes lo acusan a presentar pruebas claras y verificables.
Rocha negó las imputaciones y dijo estar dispuesto a que las investigaciones se lleven a cabo con transparencia. Sin embargo, evitó respaldar públicamente a otros funcionarios que han sido mencionados en las mismas versiones, una distancia que abre preguntas sobre la cohesión institucional en el estado y la respuesta del gobierno ante señalamientos internacionales.
Los señalamientos, según reportes provenientes de autoridades y medios de Estados Unidos, han puesto en tensión la relación entre Sinaloa y órganos federales de seguridad y justicia. Para la ciudadanía, estas acusaciones no son sólo un asunto de nombres y documentos: afectan la percepción sobre la seguridad, las inversiones y la coordinación en operativos contra la delincuencia.
En un tono que combinó firmeza y cautela, Rocha pidió que los procesos se apeguen a la ley y a la evidencia. «Que se presenten las pruebas; yo no voy a ocultar nada», dijo al medio. También afirmó que su gobierno sigue priorizando la atención a servicios básicos, educación y programas sociales para mitigar la vulnerabilidad de comunidades que sufren la violencia y la pobreza.
Analistas consultados por este diario señalan que, más allá de la defensa personal, el gobernador enfrenta un doble reto: mantener la gobernabilidad y preservar la cooperación con autoridades federales y extranjeras en materia de seguridad. La transparencia en las investigaciones y la rendición de cuentas serán claves para restaurar confianza.
Organizaciones civiles y líderes locales han pedido que las investigaciones se conduzcan con rapidez y sin politización. Para muchos habitantes de Sinaloa, la prioridad sigue siendo que haya resultados concretos en materia de seguridad y justicia, no sólo declaraciones públicas.
El caso pone de manifiesto otro aspecto: cómo las acusaciones internacionales repercuten en la vida cotidiana de los estados. Si la investigación se prolonga o genera sanciones, podría afectar programas sociales, recursos y la colaboración para combatir el crimen organizado. Rocha sostuvo ante El Imparcial de Oaxaca que está dispuesto a colaborar con las autoridades y que su administración seguirá enfocada en atender las necesidades de la población.
En los próximos días, activistas, partidos y autoridades estarán atentos a cualquier movimiento oficial tanto de Estados Unidos como de instancias mexicanas. La ciudadanía espera claridad y resultados. Mientras tanto, el gobernador mantiene su postura pública de negación y su llamado a que quien acuse presente evidencia.
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