Rocha fija plazo de un mes para regresar al poder desde la oficina del DIF

Sinaloa. Rubén Rocha ha reunido a su núcleo cercano y, según reportes de La Jornada, plantea un plazo de un mes para “volver a hacerse cargo” de la administración estatal. Mientras tanto, despacha en la oficina que ocupa su hija en el sistema DIF, y se declara convencido de que la justicia mexicana lo absolverá de las imputaciones que enfrenta.

La imagen es doble: por un lado, el exgobernador busca transmitir control y disciplina interna; por otro, el uso del espacio del DIF ha encendido cuestionamientos sobre la separación entre labores públicas y prácticas familiares. Fuentes consultadas por La Jornada indican que las reuniones con su equipo fueron discretas y enfocadas en coordinaciones políticas, comunicación y la estrategia jurídica para la próxima cita judicial.

Para la ciudadanía, el efecto es palpable. Si el retorno de Rocha se concreta en el plazo señalado, implicará ajustes en la operación de programas sociales y en el manejo de seguridad —áreas donde la percepción de continuidad importa para bolsillos y comunidades. Si no, la incertidumbre sobre quién toma decisiones esenciales podría prolongarse, con costos concretos: retrasos en obras, vacíos en la entrega de apoyos y decisiones administrativas pendientes.

Críticos y oposición han alzado la voz. Señalan riesgos de normalizar la ocupación de espacios institucionales para gestiones personales y exigen claridad en el uso de bienes públicos. Por su parte, aliados y militantes defienden que Rocha actúa dentro de sus derechos y refrendan su confianza en la resolución judicial que, aseguran, lo exonerará.

Desde un punto de vista institucional, el caso plantea preguntas claras: cómo garantizar la continuidad del servicio público ante crisis políticas y cómo preservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia. En los próximos días será clave que las instancias oficiales aclaren el estatus legal de Rocha y el régimen administrativo del DIF donde, según La Jornada, continúa trabajando.

Este medio seguirá de cerca las audiencias y las respuestas oficiales para informar con rigor y explicar, con números y hechos, cómo estas decisiones impactan la vida cotidiana de las y los sinaloenses.

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